El rol de la Institución Educativa en la denuncia de Violencia Familiar

• Autor: Lucía Richiusa
• Cargo: Abogada
• Páginas: 117-140

EL ROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EN LA DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

Por Lucía RichiusaI

“Las miserias del mundo están ahí, y sólo hay dos modos de

reaccionar ante ellas: o entender que uno no tiene la culpa y

por tanto encogerse de hombros y decir que no está en sus

manos remediarlo –y esto es cierto-; o bien asumir que, aún

cuando no está en nuestras manos resolverlo, hay que

comportarnos como si así lo fueraII”

I. Introducción. El siglo XX ha otorgado un gran legado para la humanidad: la

consagración de los derechos humanos en diversos tratados internacionales que en

nuestro país han asumido jerarquía constitucional a partir de la reforma de la Carta

Magna de 1994. En este contexto, el maltrato infantil debe ser ubicado como un

problema social cuya prevención y tratamiento interesan a toda la comunidad, de modo

tal que si una madre o un padre golpea a su hijo por “haber desobedecido” o “ser

travieso”, no estamos en presencia de un conflicto privado que sólo interesa a la

familia, sino que es una cuestión de orden público porque afecta a los derechos del

niño; es decir que atenta contra la organización social basada en el respeto de los

derechos humanos que pone límites al ejercicio de poderes arbitrarios, tanto en el

mundo público como en el privado.

Por otra parte, tal como explica Grosman (2002, 166) “el maltrato infantil compromete el

destino mismo de la sociedad dado que es indudable que una socialización edificada

sobre la coacción y el miedo engendrará hombres que reproducirán este modelo de

convivencia en su vida privada y en la acción pública, con el consiguiente deterioro del

bienestar y calidad de vida de los seres humanos”. Esto quiere decir que la prevención

I Abogada, alumna de la “Especialización para el abordaje de violencias interpersonales y de género”,

FCJyS, UNLP.

II Saramago José, La Jornada, México, 3 de diciembre de 1998.

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y el tratamiento de la problemática requiere una participación comprometida no sólo del

Estado sino de toda la ciudadanía, comprendiendo en este sentido a todos los

operadores del sistema en su conjunto, dado que somos nosotros, los operadores

jurídicos, trabajadores sociales, funcionarios, profesionales de la salud, docentes, los

que debemos velar por la protección del niño, que representa al mismo tiempo, velar

por nuestra comunidad toda.

En este trabajo se centrará la atención en el papel de la escuela, puesto que a la

mayoría de las instituciones educativas asisten niños y adolescentes diariamente, en

procura no sólo de recibir capacitación académica sino una formación integral para el

desarrollo de sus vidas en el sentido más amplio de la palabra; es por eso que ellas

poseen una responsabilidad fundamental en la búsqueda del bien común, cumpliendo

un papel importante en la información, prevención y detección de los hechos que

pueden significar una vulneración de derechos de los niños y adolescentes; y esto

implica una intervención responsable que se traduzca no sólo en medidas tomadas

puertas adentro de la institución sino la comunicación comprometida y a tiempo al resto

de los operadores del sistema, ya sea del poder judicial o del poder ejecutivo, en post

de la toma de medidas eficaces y urgentes atento al especial tratamiento que merecen

los niños en cuanto sujeto de derechos.

a. Maltrato infantil. Definiendo al maltrato infantil de acuerdo a la Organización Mundial

de la Salud, Pincever (2008, 1) recuerda que este representa “cualquier acción u

omisión de acción que viole los derechos de los niños y adolescentes y afecte la

posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que afecte su supervivencia o

desarrollo”, la misma autora lo refiere como “toda acción u omisión recurrente, no

accidental que amenace y/o prive al niño en su desarrollo físico, psíquico y social, que

pudiera devenir en un daño real o potencial para su integridad”.

El común denominador del maltrato infantil es habitualmente el posicionamiento del

niño en el rol de objeto y como tal, privado de voluntad de decidir sobre su vida, lo cual