Publicaciones de la Sección Suplemento de 21 de Febrero de 2017
AÑO CVIII/ LA PLATA, MARTES 21 DE FEBRERO DE 2017 Nº 27.976
D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
S U P L E M E N T O D E 8 P Á G I N A S
R e s o l u c i o n e s
Resoluciones
Provincia de Buenos Aires
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Resolución N° 403
La Plata, 11 de noviembre de 2016.
VISTO el expediente N° 2162-10776/16, mediante el que se tramita la creación de la
Red Provincial de Hogares de Protección Integral y el Sistema Integrado Provincial (SIP) en
el ámbito de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos
Humanos, y
CONSIDERANDO:
Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), raticada por la Argentina y aprobada por el Congre-
so de la Nación mediante Ley Nacional Nº 24.632, establece en su artículo 3° que “toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”;
Que la misma Convención establece en su artículo 8 inciso d) la obligación estatal de
“adoptar, en forma progresiva, medidas especícas, inclusive programas para suministrar
los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de
violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios”;
Que el Comité de Expertas/os (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implemen-
tación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en su Recomendación No. 32, instó
a los Estados parte a implementar y evaluar el funcionamiento de los servicios de apoyo
para las mujeres víctimas de violencia, tales como los refugios y casas de acogida para las
mujeres que sufren violencia, sus hijos e hijas”;
Que, en igual sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General No. 19 ha puesto de maniesto que
“la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que
goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” y que los Estados parte
deben establecer y apoyar “servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar,
violaciones, ataques sexuales y otras formas de violencia contra la mujer, incluido el esta-
blecimiento de refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados,
rehabilitación y asesoramiento”;
Que el objetivo estratégico “D.1” de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 determina que
los Estados deben “establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los
recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles
servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a
título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corres-
ponda para ayudarles a encontrar medios de vida sucientes”;
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado
que el deber del Estado de ofrecer a las mujeres víctimas de violencia una tutela cautelar
efectiva incluye —entre otras medidas especícas— el deber proveer refugios;
Que mediante la Ley nacional N° 26.485 se sancionó un conjunto de disposiciones
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollan sus relaciones interpersonales;
Que el artículo 2° inciso b) de aquel plexo normativo prevé entre sus propósitos, los de
promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
Que por su parte, en el orden local, el artículo 20 la Ley N° 12.569 dispone que el Poder
Ejecutivo arbitrará los medios y recursos necesarios para, entre otros objetivos, articular las
políticas de prevención, atención y tratamiento de las víctimas de violencia familiar y gene-
rar con los municipios y las entidades comunitarias casas de hospedajes en cada comuna,
que brinden albergue temporario a quienes hayan sido víctimas;
Que el Decreto N° 2.875/05 (texto según Decreto N° 436/15), reglamentario de la Ley
N° 12.539 prevé en su artículo 20 inciso c), la conformación de la Mesa Intersectorial Pro-
vincial contra la Violencia Familiar, así como la de las Mesas Locales Intersectoriales en
cada uno de los municipios, de acuerdo a la conformación allí establecida, como espacios
de articulación y coordinación en el ámbito local, regional y provincial de todas las políticas
públicas dirigidas a la prevención y atención de la violencia familiar;
Que asimismo el artículo 6 ter de la Ley N° 12.569 contempla la gura del Acompañan-
te de la víctima de violencia, con carácter de asistencia protectora de la mujer y con el único
propósito de preservar la salud física y psicológica de la misma;
Que sumado a ello, la Ley N° 14.603 dispone la creación de un Registro Único de
Casos de Violencia de Género que concentrará, contendrá y sistematizará la información
de los hechos, tipos y modalidades de la violencia de género regulados en la Ley Nacional
N° 26.485;
Que el abordaje y la erradicación de la violencia familiar y de género constituyen, para
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, políticas de Estado enmarcadas dentro de las
políticas de derechos humanos;
Que la violencia familiar y de género resulta una problemática compleja, multicausal
y que por lo tanto necesita de una respuesta articulada que surja a partir de un abordaje
integral, interdisciplinario e interinstitucional;
Que el Decreto N° 686/16 dispone que la Subsecretaría de Género y Diversidad Se-
xual, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, será la Autoridad de Aplicación
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