Progresismo de papel: un país en las leyes, otro en la realidad

Imaginemos un arqueólogo del futuro que trabaja en el territorio donde alguna vez existió la Argentina. Imaginemos también su entusiasmo al encontrar, en un archivo, normas aprobadas en la primera década del siglo XXI. Al leerlas descubre leyes que creaban nuevos sujetos de derecho, dignificaban la niñez, impulsaban políticas de género y configuraban un modelo de sociedad generoso y moderno, especialmente preocupado por la protección de los más vulnerables. Nuestro arqueólogo, entusiasmado, concluye que acaba de descubrir a una de las democracias más avanzadas de la época.

No sería fácil explicarle que, efectivamente, esa normativa (auspiciada por la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de tratados internacionales) existió, pero por los más diversos motivos –falta de reglamentación, mala gestión de recursos, ausencia de capacitación, distancia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía– no llegó a cumplirse cabalmente.

Dejando de lado la licencia ficcional, podría decirse que en nuestro país hoy se perfilan algo así como dos realidades: una en los textos legales, otra en la agobiante dinámica de un Estado incapaz de ponerse a la altura de la ambiciosa normativa que él mismo promovió.

¿Fetichismo de la ley? ¿O a veces especulación política, como parece sugerir el repentino debate sobre el régimen penal juvenil, en medio de las urgencias de la campaña?

Desde ya que este tipo de cortocircuitos no aparece con todas las leyes, sino con algunas especialmente sofisticadas, tanto por sus alcances como por la diversidad de factores que involucran. Al respecto, Ramiro Álvarez Ugarte, docente de la Universidad de Palermo y abogado de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), comenta: "Para mí, hay al menos dos formas de leyes: las simples y las complejas. Las simples, por ejemplo, sólo reconocen un derecho y cumplen su objetivo al ser sancionadas: la ley de divorcio o la de matrimonio entre personas del mismo sexo son casi profecías autocumplidas, porque no requieren grandes esfuerzos de implementación. Hay otras leyes, sin embargo, que son más complejas y que sí requieren de esfuerzos de implementación, dedicarles nuevas estructuras, asignar funcionarios, asignar recursos".

Por su parte, Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, señala: "En algunos temas hay un cierto fetichismo de la ley. Sancionarla es un punto de llegada, un objetivo cumplido y de ese modo parece que se amplían los derechos. Pero los derechos se amplían con su ejercicio cotidiano, y eso depende menos de la ley y más de las políticas públicas". Gherardi, que sabe lo que es lidiar con la distancia entre el derecho en los libros y el derecho en acción, continúa: "En términos normativos, los derechos de las...