Una patronal que no es ejemplo: el empleo público, muy precarizado

Todas las mañanas, cerca de las 9, Adrián Rodríguez entra al viejo edificio de YPF en Esmeralda 255. Sube al piso 13, saluda a sus compañeros de trabajo y cumple con sus tareas cotidianas: escribe en la página web oficial, redacta algunas gacetillas y elabora folletos institucionales. A eso de las 17, sale de la oficina y se marcha para su casa.Pese a esa rutina que repite desde mayo de 2011, Adrián está preocupado por su estabilidad en el trabajo. Es monotributista y él mismo se hace cargo de sus aportes a la seguridad social; gana $ 5400 mensuales, que siempre cobra con atraso. No tiene aguinaldo, y su salario y vacaciones no están regulados por la paritaria del sector, por lo que dependen de la discrecionalidad de su empleador. "La actualización de los sueldos fue siempre menor a lo acordado en las paritarias", resume.Cada mes, Adrián hace una factura a nombre de la Universidad de La Matanza en concepto de "asistencia técnica", aunque la oficina en la que trabaja todos los días es la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión que depende del Ministerio de Planificación Federal. Adrián es un empleado precarizado del Estado.Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, esto es, no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones.Los datos de empleo público se esconden en un kafkiano laberinto gubernamental. Sin embargo, obligada por la trampa de un decreto propio (el 312/10), la Jefatura de Gabinete se obligó a consolidar en un informe sobre el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el valioso dato del total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados.De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria, bajo el paraguas del llamado "artículo 9", o vinculados con el Estado a través de diferentes contratos.Se trata, según dos abogados laboralistas consultados por LA NACION, de trabajadores en una situación laboral precaria, ya que se estima que la gran mayoría cumple tareas de personal permanente.El informe con el sello de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), que depende de Juan Manuel Abal Medina, señala que el total de los empleados públicos en la administración central es de 315.583. Sin...