La oposición desconfía de los lazos de la Justicia con Alperovich

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- En la oposición dan por descontado que las escandalosas elecciones de la semana pasada, que se vieron opacadas por graves hechos de violencia y sospechas de fraude, terminarán resolviéndose en los tribunales.

Los abogados del Acuerdo para el Bicentenario (APB), espacio del candidato opositor José Cano, tienen previsto solicitar en la Justicia provincial la nulidad de los comicios. Además, apuestan al avance de una investigación de la justicia federal por supuestas retenciones de DNI en unidades básicas del FPV y presunta adulteración del padrón electoral, situaciones que denunció el fiscal general, Gustavo Gómez.

La principal preocupación de la oposición radica en que la última instancia para resolver el conflicto electoral es la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con una mayoría de integrantes afines al Gobierno.

Tres de los cinco miembros del tribunal fueron designados por José Alperovich. Es el caso de Antonio Estofán, quien antes de ser nombrado se desempeñó como abogado particular del mandatario, primero, y fiscal de Estado provincial, después; de Daniel Posse, quien también tuvo un paso por la Fiscalía de Estado durante la actual gestión, y Claudia Sbdar, amiga de la familia Alperovich. Los otros dos miembros del máximo tribunal local son Antonio Gandur y René Mario Goane.

La Junta Electoral Provincial, encargada de garantizar la transparencia de los comicios, quedó integrada por su titular, Gandur, y la fiscal civil Ana María Rosa Paz, gracias a una sentencia que apartó como miembros naturales de ese órgano al ministro fiscal Edmundo Jiménez y a la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro. La medida, comunicada a las 3 del viernes previo a las elecciones, había sido solicitada por el APB, que recusó a Jiménez por sus vínculos con Alperovich, del que fue ministro de gobierno durante diez años, y a Bordinaro por ser suegra de un candidato del FPV.

Sin embargo, la imagen de Gandur...