Megaminería: una promesa inconclusa en la montaña

Así planteado, el debate de la minería metalífera en la década kirchnerista empieza mal. Porque es mucho más complejo e involucra las visiones irreconciliables de los ambientalistas, de los pobladores que exigen desarrollo para sus comunidades, de quienes sí encontraron un trabajo y un futuro en las minas y de las compañías inversoras. Y porque, además, de 2003 a 2013 no sólo se triplicaron las exportaciones mineras hasta los 4090 millones de dólares el año pasado. También, junto al desarrollo agigantado del sector se multiplicaron las andalgalás.

¿Y el Estado? La pregunta vale oro para las mineras y agua para los ambientalistas. Porque con la minería el Gobierno marcó una de las contradicciones más grandes frente a su discurso de Derechos Humanos, al tomar partido por las compañías, la mayoría de capitales internacionales, contra las denuncias de los ambientalistas, las comunidades originarias y quienes reclamaban su derecho al acceso al agua. También vetó la ley que protegía los glaciares y, tras la insistencia del Congreso, retrasó su aplicación.

La paradoja es que hoy el malestar se extiende también al sector minero, que mira con envidia el clima de inversión en Chile y Perú, y despotrica contra la creciente presión fiscal que, sumada a la caída de los precios internacionales de los metales, hizo que varios megaproyectos se frenaran en los últimos años.

El Gobierno discrepa y celebra. "La década ha sido verdaderamente ganada: los números son los más altos de la historia", indicó a LA NACION el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Cuando Néstor Kichner asumió la presidencia, había 18 proyectos en el país. Hoy hay más de 700 y gracias a la exploración de 7 millones de metros perforados, detectamos que somos uno de los países con mayores reservas metalíferas del mundo. Además, sólo en los primeros siete meses del año exportamos por 2500 millones de dólares, la mitad de lo que genera el complejo sojero."

El impacto fiscal es uno de los ejes de este debate, con un claro ganador: las arcas del Tesoro nacional, en detrimento de las provincias y, sobre todo, las localidades vecinas a los yacimientos.

Según la consultora Abeceb, en 2013, la Nación recaudó 6745 millones de pesos de las mineras: $ 2715 millones de impuesto a las ganancias, $ 1960 millones por retenciones, $ 170 millones por IVA y $ 1800 millones por aportes a la Seguridad Social. Los 100 millones restantes fueron por las utilidades que reparte a las universidades la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), conformada en Catamarca por el Estado provincial, la Universidad Nacional de...