Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 16 de Diciembre de 2010 (caso Manacorda, Nora Raquel- Molina, Silvia Beatriz S/ Retención y Ocultamiento de Menor de Diez Años, Supresión y Suposición de Estado Civil y Falsedad Ideológica) - Jurisprudencia - VLEX 247594230

Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 16 de Diciembre de 2010 (caso Manacorda, Nora Raquel- Molina, Silvia Beatriz S/ Retención y Ocultamiento de Menor de Diez Años, Supresión y Suposición de Estado Civil y Falsedad Ideológica)

Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 2010
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Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario La Plata, 16 de diciembre de 2010.

VISTO: el presente expediente n° 5634, caratulado “Manacorda, Nora Raquel- Molina, Silvia Beatriz s/ Retención y ocultamiento de menor de diez años, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica”, procedente del Juzgado Federal n° 1 de La Plata.

Y CONSIDERANDO:

EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO:

1) Llegan estas actuaciones a la Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos a favor de Nora Raquel Manacorda y Silvia Beatriz Molina, contra el auto del juez, que procesó a ambas. Manacorda fue USO OFICIAL

considerada partícipe necesario en los delitos de retención y ocultamiento de un menor de diez años, en concurso real con los delitos de supresión y suposición del estado civil y falsedad ideológica de documento público en tres hechos (certificado de parto, acta de nacimiento y documento nacional de identidad), estos últimos en concurso ideal (art. 146, según ley 24.410, 139

inc. 2, 293, 2° párrafo, en función del 292, segundo párrafo, texto según ley 20.642, 54 y 55 del C.P.). En tanto Molina fue también procesada por los mismos delitos, pero como coautora (fs. 735/731).

1. Síntesis del hecho investigado 2) En la presente causa se investiga la ilegítima apropiación de un menor recién nacido por parte de Ángel Capitolino y Silvia Beatriz Molina durante la última dictadura militar. El menor, hijo biológico de Gaspar Casado y Adriana Leonor Tasca, desaparecidos actualmente, nació en marzo de 1978,

durante el cautiverio de su madre en un centro clandestino de detención, y fue entregado al poco tiempo por personal militar a Capitolino, quien lo inscribió

en el Registro Civil de las Personas con el nombre de Sebastián Francisco Ricardo Capitolino (hoy Sebastián José Casado Tasca), como hijo propio y de su pareja, Silvia Beatriz Molina. Esta inscripción fue posible gracias a la intervención de la médica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Nora 1

Raquel Manacorda, quien, previamente a la inscripción, había certificado de manera falsa el nacimiento del menor como hijo de estos últimos.

2. El desarrollo procesal de esta investigación 3) La desaparición de Adriana Leonor Tasca y la de su hijo que nació en cautiverio se investigó sin resultados positivos en dos expedientes judiciales,

ambos iniciados en la justicia provincial platense en los primeros tiempos de la restauración constitucional.

Las actuaciones instruidas en el Juzgado en lo Penal n° 5 en el año 1984, registradas con el número 92.025, estuvieron orientadas a investigar los delitos de supresión y suposición del estado civil en perjuicio de Sebastián Ricardo Francisco Capitolino, siendo los imputados Nora Raquel Manacorda y Ángel Capitolino. Dada la falta de pruebas que acreditaran que Sebastián fuese ilegítimamente apropiado, se declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de esos delitos en el año 1988, archivándose las actuaciones en el año 1991, en el fuero ordinario.

La otra causa fue iniciada también en la justicia provincial, en el Juzgado en lo Penal n° 1 de esta ciudad, en el año 1984, y registrada con el número 130.297. El objeto del proceso fue la investigación sobre la privación ilegal de la libertad sufridas por Adriana Leonor Tasca, embarazada de cinco meses aproximadamente. El fuero ordinario pronto advirtió que funcionarios del Estado Nacional se hallaban involucrados en ese hecho y que se investigaban falsedades ideológica en documentos públicos nacionales,

razones que bastaron para declarar su incompetencia y remitir la causa a la justicia federal platense. El Juzgado Federal n° 1 de esta ciudad fue el órgano competente para seguir la investigación, a la que se adjudicó el n° 91.342, y el titular, doctor Manuel Humberto Blanco, declaró, en el año 1991, la extinción de la acción penal por prescripción, en orden a los delitos tipificados en los arts. 139 inc. 2 C.P. y 293 C.P., ordenando el archivo de las actuaciones.

4) Esta última causa 91.342 permaneció en ese estado hasta el año 2001,

cuando fue requerida mediante oficio por esta Cámara Federal de Apelaciones al juez Manuel H. Blanco en el marco de las actuaciones iniciadas en la 2

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Secretaría Única del Tribunal n° 1848/SU, caratuladas “Tasca, Ana María s/Denuncia desaparición forzada de Tasca, Adriana Leonor”.

En febrero de 2006 se recibió en esta Alzada el examen de ADN del Hospital Dr. Carlos G. Durand, que concluyó que la probabilidad conjunta de paternidad y maternidad de los desaparecidos Sr. Onofre Casado y Sra.

Adriana Leonor Tasca en la persona de Sebastián Ricardo Francisco Capitolino es del 99,99999% con respecto a otro hombre y otra mujer tomados de la población general en forma no seleccionada (fs. 303 y ss. de la causa n°

5634). A la realización de ese examen, llegó Sebastián por propia decisión (fs.

350 y fs. 370 causa 5634). Con los resultados del análisis de ADN, resolvió

enseguida el Tribunal en la causa n° 1848/SU “Tasca” que correspondía devolver el expediente 91.342 al Juzgado Federal n° 1 de La PLata “ante la posible comisión de delitos” (fs. 320 de la causa 5634).

El magistrado a cargo de ese juzgado, doctor Manuel Humberto Blanco,

declaró entonces la nulidad de la partida de nacimiento de Sebastián Ricardo Francisco Capitolino y ordenó su reinscripción en el Registro Civil de las Personas bajo el nombre de Sebastián José Casado Tasca (ver los datos en la copia del oficio agregado a fs. 389/390). Asimismo, requirió de la justicia provincial que se inhiba de entender en la otra causa n° 92.025 que se encontraba archivada, la que fue finalmente remitida al Juzgado Federal n° 1

de esta ciudad en septiembre de 2009 y agregada a la causa 91.342 (fs. 628 de la causa 5634).

5) A poco de recibirse la causa 92.025 del fuero ordinario, revocó el magistrado el día 13 de octubre de 2009 los pronunciamientos firmes dictados en ese expediente por la justicia ordinaria y en la causa n° 91.342 por él mismo, que declaraban la extinción de la acción penal respecto de los delitos de suposición y supresión de estado civil y falsedad ideológica.

La revocación de la cosa juzgada permitió nuevamente al juez Blanco dirigir la instrucción, previo impulso fiscal, contra la médica, Nora Raquel Manacorda, que había certificado falsamente el nacimiento de Sebastián, y contra Ángel Capitolino, supuesto padre, que había recibido en realidad a Sebastián de un funcionario militar. También, el fiscal requirió instrucción 3

contra la pareja de Ángel Capitolino, Silvia Beatriz Molina, supuesta madre de Sebastián, quien no había sido imputada en las anteriores oportunidades.

En relación a Ángel Capitolino, se supo rápidamente que había fallecido el 27 de junio de 2005 (ver certificado de defunción agregado a fs. 619 de la causa 5634). En cambio, Manacorda y Molina fueron detenidas, indagadas y procesadas por los delitos indicados al comienzo de este voto. La primera cumple prisión domiciliaria y la segunda se encuentra excarcelada.

Ahora bien, el presente caso obliga a realizar una serie de consideración que procuran aclarar el contexto en que se produjo el hecho y explicar los conceptos relativos al derecho de gentes, a la no prescripción de en los delitos juris gentium y a la desaparición forzada como delito de esa naturaleza.

Seguidamente, debemos dedicar algunos apartados a detallar con más mayor precisión el hecho investigado, a analizar las figuras penales en juego y a examinar los agravios de las defensas de Manacorda y Molina.

En ese preciso orden expositivo, que, estimo, facilita de mejor modo la lectura del caso, construiremos este voto, al igual que lo hicimos en precedentes similares en que se investigaban casos de apropiación de menores durante la última dictadura militar (ver mis votos en los casos n° 3574

“incidente de Apelación en causa “Bergés” y 4758 “Incidente de Apelación de Alonso”).

Sin embargo, existe una cuestión que debe ser tratada antes de analizar todos esos aspectos, y que consiste en el agravio de la defensa de Manacorda,

relativo a la revocación de la cosa juzgada. Su tratamiento debe ser previo a otro análisis, porque puede precisamente tornar innecesaria toda otra consideración a su respecto.

3. Revocación de la cosa juzgada respecto de Nora R. Manacorda 6) Las razones del juez para revocar los dos fallos versaron en lo siguiente: 1) en ese entonces, no se contaba con una prueba trascendental para el caso, como es el análisis de ADN, 2) no puede invocarse la prescripción en estos delitos, y 3) pesa sobre el Estado Argentino la obligación de juzgar. Citó

en apoyo la opinión de Andrés Gil Domínguez, para quien, ante casos de error 4

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario judicial y de injustita propiamente dicha, es posible revocar la cosa juzgada (ver decisión del juez de fs. 650/663 causa n° 5634).

La defensora discrepa con el criterio del magistrado, acentuando que el hecho ya ha sido investigado por la justicia ordinaria en la causa 92.025, que sobreseyó a Manacorda por haber prescripto la acción, en relación a las figuras previstas en los arts. 139 inc. 2 y 293 del C.P. Desde su perspectiva, la decisión del juez federal de anular ahora dicha decisión del otro fuero es inválida, por no estar contemplado dicho proceder dentro del sistema de nulidades y porque es violatorio del debido proceso legal y de las garantías del non bis in idem, de la cosa juzgada y del juez natural.

7) Comparto la decisión del juez de declarar la nulidad de los fallos de la justicia ordinaria y de no reconocer valor a la cosa juzgada. Las causales de USO OFICIAL

“injusticia” y “error judicial”, sin duda, se dan en el proceso, y estarían dadas las condiciones para hacer aplicación del criterio sostenido por la Corte Interamericana...

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