Ley 7647 del 23 de Noviembre de 1970.

Publicado en:Boletín Oficial N°16.968 Del 23/11/70
RESUMEN

Normas de Procedimiento Administrativo Procedimiento para Obtener una Decisión O una Prestación de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires.(Dl:7647 70)

 
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DECRETO-LEY 7647/70

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 13262 y 13708.

Normas de procedimiento administrativo

I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1°: Se regulará por las normas de esta ley el procedimiento para obtener una decisión o una prestación de la Administración Pública de Buenos Aires y el de producción de sus actos administrativos. Será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas con regímenes especiales.

II. COMPETENCIA DEL ORGANO ADMINISTRATIVO

Artículo 2°: Las actuaciones cuya resolución corresponda a la Administración Pública, deberán ser iniciadas ante el órgano administrativo competente.

Artículo 3°: La competencia de los órganos de la Administración Pública se determinará por la Constitución de la Provincia, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y las entidades autárquicas. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las leyes.

Artículo 4°: Cuando se produzca un conflicto interno de competencia entre autoridades u organismos administrativos, será resuelto por el ministro de que dependan.

Los conflictos de competencia interministeriales o entre las dependencias de los ministerios y las entidades autárquicas o de éstas entre sí serán resueltos por el Poder Ejecutivo.

Artículo 5°: En los conflictos de competencia se observarán las siguientes reglas:

1.- Cuando dos autoridades se encuentren entendiendo en el mismo asunto, cualquiera de ellas de oficio o a petición de partes, se dirigirá a la otra reclamando para si el conocimiento del asunto. Si la autoridad requerida mantiene su competencia, elevará sin más trámite las actuaciones al órgano administrativo que corresponda resolver quien decidirá la cuestión sin otra sustanciación, que dictamen de la Asesoría General de Gobierno.

2.- Cuando dos ministerios o entidades autárquicas rehusaren conocer en el asunto, el último que lo hubiere recibido deberá elevarlo al Poder Ejecutivo, quien decidirá previo dictamen del Asesor General de Gobierno.

III. RECUSACION Y EXCUSACION

Artículo 6°: Ningún funcionario o empleado es recusable, salvo cuando normas especiales así lo determinen. Son causales de obligatoria excusación para los funcionarios o empleados que tengan facultad de decisión o que sea su misión dictaminar o asesorar:

a) Tener parentesco con el interesado por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado.

b) Tener interés en el asunto o amistad intima o enemistad manifiesta con el actuante.

El funcionario que resolviera excusarse deberá elevar las actuaciones al superior jerárquico, quien considerará su procedencia o improcedencia. En el primer caso designará el funcionario sustituto o resolverá por sí. En el segundo, devolverá las actuaciones al inferior para que continúe entendiendo. En ambos casos la decisión causará ejecutoria.

IV. POTESTAD DISCIPLINARIA

Artículo 7°: La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las actuaciones, adoptará la medidas necesarias para la celeridad, economía y eficacia del trámite.

Artículo 8°: Velará también por el decoro y buen orden de las actuaciones, pudiendo al efecto aplicar sanciones a los interesados intervinientes por las faltas que cometieren, ya sea obstruyendo el curso de las mismas o contra la dignidad y respeto de la Administración, o por falta de lealtad a probidad en la tramitación de los asuntos.

La potestad disciplinaria respecto de las faltas cometidas por los agentes de la Administración se regirán por sus leyes especiales.

Artículo 9°: Las sanciones que según la gravedad de las faltas, podrán aplicarse a los interesados intervinientes, son:

1. Llamado de atención.

2. Apercibimiento.

3. Multa, que no excederá de veinte pesos.

Contra la sanción de multa, se podrá interponer recurso jerárquico dentro de los tres días.

V. INTERESADOS, REPRESENTANTES Y TERCERO

Artículo 10°: La actuación administrativa puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona o entidad pública o privada, que tenga derecho o interés legitimo.

El que instare ante la Administración Pública un procedimiento relacionado con obras o servicios públicos, o el que peticionare con el objeto de lograr una decisión de la Administración, comprendida en las facultades potestativas no será tenido por parte en el procedimiento; lo que se le hará saber.

Artículo 11°: La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.

Artículo 12°: Si durante el curso de las actuaciones falleciese o se incapacitare el interesado que las hubiera promovido, se suspenderá el procedimiento.

Artículo 13°: La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada.

Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el marido que lo haga en nombre de su mujer, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les fueran requeridas.

Artículo 14°: Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con carta-poder con firma autenticada por la Justicia de Paz, o por escribano público.

En caso de encontrarse agregado a otro expediente que tramite la misma repartición bastará la certificación correspondiente.

           

Artículo 15°: El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, la que contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero, u otro especial que se le confiera.

Cuando se faculte a percibir sumas mayores de quinientos pesos, se requerirá poder otorgado ante escribano público.

Artículo 16°: Cesará la representación en las actuaciones:

           

Artículo 17°: Desde el momento en que el poder se presenta a la autoridad administrativa y ésta admita la personería , el representante asume todas la responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los practicare. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato, y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo , salvo las actuaciones que la ley disponga se notifique al mismo poderdante o que tengan por objeto su comparendo personal.

           

Artículo 18°: Cuando a criterio de la autoridad administrativa un mandatario entorpeciera el trámite administrativo, formulare falsas denuncias, tergiversare hechos y procediera en el desempeño de su cometido con manifiesta inconducta, podrá ser separado de las actuaciones intimándose por cédula al mandante que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de continuarse el trámite sin su intervención. Durante el emplazamiento para que el mandante instituya nuevo apoderado, se suspenderá el trámite administrativo.

           

Artículo 19°: Cuando varias personas se presenten formulando un petitorio del que no surjan intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de la representación, dando para ello un plazo de diez días, bajo apercibimiento de designar un apoderado común, de entre los peticionantes. La unificación de representación también podrá pedirse por las partes en cualquier estado del trámite. Con el representante común se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de la decisión definitiva, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen directamente al interesado o las que tengan por objeto su comparendo personal.

           

Artículo 20°: Una vez hecho por los peticionarios o por la autoridad administrativa el nombramiento del mandatario común, podrá revocarse por acuerdo unánime de aquellos. Cualesquiera de los interesados podrá revocar su mandato cesando para él la representación común.

           

Artículo 21°: Cuando se invoque el uso de una firma social deberá acreditarse la existencia de la sociedad acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite.

           

Artículo 22°: Cuando se actúe en nombre de una persona jurídica, que requiera autorización del Estado para funcionar, se mencionará la disposición que acordó el reconocimiento, declarándose bajo juramento la vigencia del mandato de las autoridades peticionantes. Podrá exigirse la presentación de la documentación pertinente, cuando la autoridad administrativa lo considere necesario. Las asociaciones que fueren sujetos de derecho de acuerdo con el artículo 46 del Código Civil (ley 17.711), acreditarán su constitución y designación de autoridades con la escritura pública o instrumento privado autenticado.

           

Artículo 23°: Cuando de la presentación del interesado o de los antecedentes agregados al expediente sugiera que alguna persona o entidad, pudiera tener interés directo en la gestión, se le notificará de la existencia del expediente al solo efecto de que tome intervención en el estado en que se encuentren las actuaciones, sin retrotraer el curso del procedimiento....

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