Ley 12.008

• Páginas: 55-88

CODIGO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

LEY 12.008(*)

Y MODIFICATORIAS(**)

TITULO I

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I

DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

CLAUSULA GENERAL DE LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art. 1- 1. Corresponde a los tribunales contencioso administra-

tivos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en

los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de

funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios,

los entes descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescrip-

ciones del presente Código.

2. La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los munici-

pios y de los demás entes provinciales o municipales, se presume

realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el

derecho administrativo. Procederá esta presunción aun cuando se apli-

caren por analogía normas de derecho privado o principios generales del

derecho.

CASOS INCLUIDOS EN LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art. 2(***)- La competencia contencioso administrativa comprende las

siguientes controversias.

(*) Sancionada: 1/10/1997. Promulgada: 17/10/1997. Publicada BO: 3/11/1997.

(**)

Ley 12.310. Sancionada: 7/7/1999. Promulgada c/ obs.: 2/8/1999. Publicada BO,

supl.:19/8/1999. Ley 13.101. Sancionada: 21/8/2003. Promulgada: 9/9/2003. Publicada BO:19/

9/2003. Ley 13.325. Sancionada: 31/3/2005. Promulgada: 20/4/2005. Publicada BO: 4/5/2005.

Ley 14.437. Sancionada: 22/11/2012. Promulgada: 4/1/2013. Publicada BO: 8/2/2013.

(***) Texto según ley 13.101 que incorporó los incs. 8 y 9.

LEGISLACION PROCESAL ADMINISTRATIVA

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1. Las que tengan por objeto la impugnación de actos administra-

tivos, de alcance particular o general.

Quedan incluidas en este inciso las impugnaciones que se deduz-

can en contra de las resoluciones emanadas del Tribunal de Cuentas, del

Tribunal Fiscal y de cualquier otro tribunal de la Administración pública,

así como las que se deduzcan en contra de actos sancionatorios

dispuestos en el ejercicio de la policía administrativa, a excepción de

aquellas sujetas al control del órgano judicial previsto en los artículos 166,

segundo párrafo, 176 y 216 de la Constitución de la Provincia y 24 inciso

3 de la ley 11.922.

2. Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o

concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren

regidas por el derecho administrativo.

3. Aquellas en las que sea parte una persona pública no estatal,

cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho

administrativo.

4. Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada

por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los municipios y los entes

públicos estatales previstos en el artículo 1, regidas por el derecho

público, aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas de

derecho privado.

5. Las relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o

municipales.

6. Las relativas a los contratos administrativos.

7. Las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el

artículo 1, regidas por el derecho administrativo.

8. Las relacionadas con la ejecución de tributos provinciales.

9. Las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de

interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

La enunciación anterior es meramente ejemplificativa. No implica la

exclusión del conocimiento por los tribunales administrativos de otros

casos regidos por el derecho administrativo.

PLANTEO Y RESOLUCION DE CUESTIONES CONSTITUCIONALES

Art. 3- La competencia contencioso administrativa no quedará

desplazada aún cuando para la resolución del caso fuere necesario

declarar la inconstitucionalidad de leyes, de ordenanzas municipales o de

actos administrativos de alcance general o particular.

CASOS EXCLUIDOS DE LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art. 4(*)- No corresponden a la competencia de los tribunales

contencioso administrativos las siguientes controversias:

(*) Texto según ley 13.101.

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CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEY 12.008

1. Las que se encuentren regidas por el derecho privado, o por las

normas o convenios laborales.

2. Las que tramitan mediante los juicios de desalojo, interdictos y

las pretensiones posesorias.

3. Los conflictos interadministrativos provinciales, que serán diri-

midos por el Poder Ejecutivo provincial, conforme al régimen que al efecto

se apruebe.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA COMPETENCIA EN RAZON

DEL TERRITORIO

Art. 5(*)-1. Será competente el juzgado contencioso administra-

tivo correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u

omisión dé lugar a la pretensión procesal.

2. Se exceptúan de dicha regla las siguientes controversias:

a) Las relativas a la relación de empleo público, en las que será

competente el juez correspondiente al lugar de la prestación de servicios

del agente, o al del domicilio de la demandada, o al del domicilio del

demandante a elección de este último.

b) Las que versen sobre pretensiones deducidas por reclamantes

o beneficiarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra las

resoluciones de colegios o consejos profesionales y sus cajas previsio-

nales en las que será competente el juez correspondiente al domicilio del

interesado o al de la demandada, a elección del demandante.

c) Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o

concesionarios de obras públicas y usuarios, en las cuales será compe-

tente el juez correspondiente al lugar de ejecución de la prestación.

d) Las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos

administrativos en las que será competente el juez correspondiente al

lugar de celebración del contrato. Si el contrato lo admitiere en modo

expreso, las referidas controversias podrán plantearse, a opción del

demandante ante el lugar de cumplimiento o el del domicilio del deman-

dado.

e) Las correspondientes a servidumbres administrativas y expro-

piaciones, en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar

de radicación de los bienes involucrados. Este criterio se aplicará para las

pretensiones resarcitorias en el caso de las restantes limitaciones al

dominio por razones de interés público, salvo que ellas incluyan el pedido

de anulación de un acto administrativo en cuyo caso se aplicará la regla

consagrada en el inciso 1 del presente artículo.

(*) Texto según ley 13.101.