Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 6 de Abril de 2016, expediente FMZ 014000591/2009/27/CA013

• Fecha de Resolución: 6 de Abril de 2016
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA FMZ 14000591/2009/27/CA13 Mendoza, 06 de abril de 2016.

Y VISTOS:

Los presentes autos nº FMZ 14000591/2009/27/CA13, caratulados:

LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS LUCHINI, E. G., SIMONE,

O. AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO ALEVOSÍA en

concurso real con IMPOSICIÓN DE TORTURA AGRAVADA (ART. 144 TER. INC. 2) en

concurso real con INF. ART. 144 BIS EN CIRC. ART. 142 INC. 1, 2, 3, 5…

, venidos del

Juzgado Federal n° 1 de Mendoza a esta Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de

Mendoza; Y CONSIDERANDO:

I. Que las presentes actuaciones vienen a conocimiento y decisión del

tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. sub. 33/34 por el defensor

oficial en representación de E. y O. y, a fs. sub

37/40 y sub 45/51, por el Ministerio Fiscal; ambos contra la resolución dictada por el juez a quo

obrante a fs. sub 1/30 vta..

II. En cuanto a los agravios esgrimidos en los escritos de apelación se

sostienen los siguientes:

1. El Defensor Público Oficial, en representación de Ernesto Guillermo

   Luchini y de O. manifiesta en primer lugar que no se encuentran reunidos

   en la especie los extremos mínimos necesarios para tener a la resolución impugnada por un acto

   jurisdiccionalmente válido; agregando que las imputaciones endilgadas en la ocasión prevista

   por el art. 294 del Código ritual no satisfacen los recaudos exigidos en el art. 298 del mismo

   cuerpo legal lo cual incide negativamente en la vigencia del auto cuestionado.

   Luego hace hincapié respecto de la situación procesal de S. refiriendo

   que es aún más grave ya que los hechos que se le atribuyen habrían tenido lugar en el año 1977

   siendo que su ingreso a los servicios de inteligencia se produjo en el año 1983, por lo tanto en

   este caso además de no explicitarse cuál habría sido su obrar, ni las circunstancias de tiempo,

   modo y lugar, ni tampoco pueden fundarse los motivos por los que se presume que para esa

   fecha en que tuvieron lugar los hechos que se investigan, S. hubiera prestado servicios

   como personal civil de inteligencia para el Ejército Argentino.

   A su vez, sostiene que no obran en la causa elementos de prueba que

   razonablemente lleven a aseverar, siquiera con el grado de sospecha requerido por el artículo

   Fecha de firma: 07/04/2016 306 del ordenamiento instrumental, los extremos de imputación que tiene por acreditados el Sr.

   Firmado por: R.J.N., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado por: H.C.E., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado por: C.A.P., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: P.O.Q. , SECRETARIO FEDERAL #26998066#150674611#20160407103641998 Juez “a quo” como la participación de sus asistidos en los hechos haciendo hincapié que se

   sustenta pura y exclusivamente en los dichos de la damnificada ya que no obran en autos otros

   testimonios ni prueba documental que acrediten su efectiva ocurrencia (v. fs. sub. 33/34).

2. A fs. sub. 37/40 y vta. el Sr. Fiscal General, Dr. D. se

   agravia de la resolución en cuanto dispone no hacer lugar a la solicitud de imputación y

   detención efectuada por este Ministerio Público respecto de E., Hugo Luis

   Zalazar, E. Martín F. y F.J. con relación a las víctimas Sara

   Palacio y M..

   Por otro lado, advierte una serie de errores materiales en el procesamiento

   dispuesto con relación a E. y es por esta razón que solicita sean subsanados los

   mismos en los términos del art. 126 del CPPN.

   En cuanto a los motivos de apelación específicamente entiende que la

   resolución atacada carece de fundamentación suficiente tachándola de arbitraria, afirmando que

   el pronunciamiento se sustenta en dos aspectos: por un lado en una supuesta ausencia de

   elementos de convicción suficientes para sospechar que para el año 1971 haya existido la

   práctica sistemática del modo que (ésta) fiscalía federal identifica como “lucha contra la

   subversión

   ”, y por otro, que los elementos de convicción son insuficientes como para

   sospechar “que la desaparición de S. y M. en el año 1971 haya sido

   consecuencia de esa lucha, ni mucho menos que en dicha actividad hayan intervenido

   concretamente los miembros del Destacamento de Inteligencia 144 supra referidos”; todo lo

   cual fundamenta detalladamente.

   Por último, solicita la rectificación de la resolución en crisis en relación al

   procesamiento de E. L. en cuanto contiene errores materiales involuntarios,

   resolviendo el juzgador a fs. sub. 41 “…NO HACER LUGAR a la rectificación solicitada por la

   Fiscalía Federal…” pero sí concedió el recurso de apelación interpuesto.

3. A fs. sub. 45/51, la Dra. P. en su carácter de F. General

   S. interpone recurso de apelación (como consecuencia del rechazo de la rectificatoria

   incoada y en los términos del art. 126, 2do. párrafo, CPPN), indicando los siguientes puntos de

   agravios: en primer término, sostiene que de la lectura de todos los actos relevantes del proceso

   dan cuenta con absoluta claridad de que los hechos padecidos por L. T., Jaime

   Pedraza y N. integraron en todo momento la plataforma fáctica de autos y que su

   omisión en la parte resolutiva obedece estrictamente a un error material involuntario que de

   ningún modo puede traducirse en la exclusión de tales hechos del procesamiento y; en segundo

   Fecha de firma: 07/04/2016 Firmado por: R.J.N., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado por: H.C.E., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado por: C.A.P., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: P.O.Q. , SECRETARIO FEDERAL #26998066#150674611#20160407103641998 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA FMZ 14000591/2009/27/CA13 término plantea que, abierta necesariamente la instancia recursiva en función del rechazo del

   recurso de rectificatoria, resulta oportuno someter a consideración de esta Cámara Federal de

   Apelaciones la omisión de calificar los hechos atribuidos al imputado bajo la figura de

   asociación ilícita.

   III. Elevado el expediente a esta Alzada, se dispone la realización de la

   audiencia para informar por escrito conforme lo dispuesto por el art. 454 del CPPN (v. fs. sub.

   60).

   En el día y hora señalados presentan sus informes por escrito el Sr. Fiscal

   General, Dr. D. a fs. sub. 61/65 y vta. y el Sr. Defensor Público Oficial, Dr.

   R. a fs. sub. 66 y vta. fundando los agravios vertidos en sus escritos recursivos a los

   cuales nos remitimos en honor a la brevedad.

   IV. Cuestión previa: la nulidad El Sr. Defensor Público Oficial ad hoc, en representación de Ernesto

   Guillermo Luchini y de O. manifiesta en primer lugar que no se encuentran

   reunidos en la especie los extremos mínimos necesarios para tener a la resolución impugnada

   por un acto jurisdiccionalmente válido; agregando que las imputaciones endilgadas en la

   ocasión prevista por el art. 294 del Código ritual no satisfacen los recaudos exigidos en el art.

   298 del mismo cuerpo legal lo cual incide negativamente en la vigencia del auto cuestionado.

   Luego afirma que la situación denunciada ha restringido las posibilidades de

   defensa de los encartados ya que se limitaron a dar explicaciones genéricas en torno a la

   responsabilidad atribuida, al mismo tiempo que torna nulas las intimaciones efectuadas y

   consecuentemente el auto atacado en cuanto aquellas le sirven de antecedente indispensable.

   En materia de nulidades el Código de formas ha adoptado el sistema

   legalista, rigiendo el principio de especificidad o de nulidades específicas, lo que implica que un

   acto procesal sólo podrá ser declarado ineficaz cuando la forma que lo regula contenga

   expresamente aquélla sanción. Dicha máxima se encuentra regulada en el art. 166 del digesto

   ritual cuando dispone que: “Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran

   observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad”. Igualmente se

   entiende que las causales de nulidad contenidas en el art. 167 del mismo plexo, en sus tres

   incisos, son genéricas, sólo considerables como absolutas y declarables por ende de oficio

   cuando afecten garantías constitucionales, conforme lo prescribe taxativamente el art. 168, 2°

   párrafo del CPPN.

   Fecha de firma: 07/04/2016 Firmado por: R.J.N., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado por: H.C.E., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado por: C.A.P., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: P.O.Q. , SECRETARIO FEDERAL #26998066#150674611#20160407103641998 Por ello, el solo hecho de invocar garantías constitucionales, no es suficiente

   a los fines de convertir una posible nulidad de carácter genérico en absoluto, sino que muy por

   el contrario, quien mantenga dicha pretensión durante un proceso, deberá fehacientemente

   comprobar la existencia de la misma y su perjuicio, ya que éste debe ser concreto y real, de

   modo tal que de la presentación efectuada por el propio interesado debe surgir claramente el

   interés afectado y las razones invocadas con prueba cierta de su planteo (conf. doctrina de la

   C.S.J.N. en Fallos 307:1656; 310:211 y 314; 407 entre otros).

   En otras palabras, los planteos de nulidad de esta magnitud implican que un

   acto procesal determinado cause un perjuicio concreto que íntimamente con la idea de defensa

   (art. 18, CN). Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo

   invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una

   indefensión configurativa de nulidad. Si no media tal perjuicio, la invalidez del acto por nulidad

   queda descartada. Su procedencia está limitada por el grado de afectación de esa garantía.

   Además, debe existir interés respecto de quien la aduce; si se omite puntualizar las oposiciones

   de que se le privó al ejercer la pretensión nulificante, deviene abstracto” (D´ALBORA,

   F., “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, E..

   A., Bs. As., 2009, 8va. edición, p. 249).

   El peticionante, además de no haber causado el mismo, debe indicar cuáles

   fueron las defensas que se vio privado de oponer. La omisión de tal circunstancia implica la

   ...