Aportes jurisprudenciales en torno a la operatividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Logros y desafíos

• Autor: María Sofía Sagüés
• Páginas: 203-222

APORTES JURISPRUDENCIALES EN TORNO A

LA OPERATIVIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES.

LOGROS Y DESAFÍOS

MARÍA SOFÍA SAGÜÉS

Sumario: I. La paradoja de los derechos económicos, sociales y culturales.

II. Respuesta del sistema argentino. (i). Jurisprudencia negativa. (ii). Primer

avance: cConsagración de la operatividad de los derechos fundamentales. (iii).

Segundo avance: Habilitación del control de inconstitucionalidad por omisión

del Poder Ejecutivo, en tutela del derecho a la preservación de la salud. (iv).

Consolidación de la jurisprudencia relativa a la operatividad de los derechos

sociales. (v) El derecho a la nutrición. (vi) Derecho a una vivienda digna. (vii)

El control de la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo en mate-

ria de movilidad de las jubilaciones. III. Logros y desafíos. IV. Evaluación.

I. La paradoja de los derechos económicos, sociales y culturales

El impacto de los requerimientos de la cuestión social en la teoría política y

los sistemas jurídicos ha implicado el reconocimiento por parte de los mismos

de derechos nuevos y el replanteamiento de contenidos novedosos en derechos

viejos,1 que se adecuan a los modernos techos ideológicos. Así, los derechos

sociales en general se han plasmado en la gran mayoría de normas supremas

nacionales y provinciales, teniendo en consideración “la existencia de condicio-

nes de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecua-

dos a la dignidad inherente a la familia humana”.2

No obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado nume-

rosos interrogantes en torno a la operatividad de los mismos, así como a las

posibilidades de reconocimiento de vías procesales en miras a la exigibilidad de

los derechos mencionados. Los obstáculos presentados son tanto de contenido

de teoría constitucional como de índole práctica. Dentro del primer supuesto,

1BIDART CAMPOS, Germán: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la

Constitución reformada de 1994”, Revista Hechos y Derechos, nº 7, año 2000, pág. 41.

2NIKKEN, Pedro: “El concepto de Derechos Humanos”, Estudios de Derechos Humanos,

tomo I, pág. 31.

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puede mencionarse el sostener la existencia de diferenciación entre categorías

de derechos: los derechos civiles y políticos (D.C.P.), exigibles judicialmente,

y los derechos económicos, sociales y culturales (D.E.S.C.), carentes (para esta

postura) de dicha característica. Debido a que los mismos reclaman mayori-

taria-mente acciones positivas por parte del Estado en su tutela, se sostiene la

discrecionalidad de los órganos políticos en la toma de decisiones de índole

económica necesarias para su cumplimiento, el condicionamiento económico

en sí que los mismos poseen, así como la progresividad de su satisfacción. De

allí que algunas posiciones concluyen el carácter programático de los derechos

mencionados.3

A ello se suman obstáculos de índole procedimental. El sistema de control

de constitucionalidad argentino participa de las características del modelo norte-

americano, en cuanto es judicial, difuso, no especializado, con efectos inter

partes. Dentro de los mecanismos procesales para efectivizarlo no existe, en el

orden federal, normativa alguna que consagre específicamente la posibilidad

de instrumentación del control de constitucionalidad para los casos de omisiones

inconstitucionales. Este aspecto resulta sumamente relevante para el tema que

nos ocupa, puesto que el reconocimiento de la operatividad de los derechos

sociales se encuentra directamente condicionado por la posibilidad de la acepta-

ción jurisprudencial del control –por parte del Poder Judicial– de las omisiones

de los poderes del Estado, ya sea legislativo o ejecutivo, en el dictado de la

normativa necesaria para dotar de operatividad a los mismos.

Paralelamente, la realidad continúa dando palmarias muestras de asimetrías

sociales y ahondando las injusticias que movilizaron el reclamo del tratamiento

de la cuestión social. Frente a este escenario, no es posible concebir de manera

parcializada la dignidad humana y sus exigencias. Así, la interrelación entre los

D.E.S.C. y los D.C.P. ha sido resaltada por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, al sostener que “esa relación [...] es, en gran medida, una relación de

causa y efecto. […] El descuido de los derechos económicos y sociales, espe-

cialmente cuando se ha suprimido la participación política, produce la clase de

polarización social que conduce, a su vez, a actos de terrorismo por y contra el

gobierno”.4 Asimismo, ha sostenido que “los derechos económicos, sociales y

culturales son auténticos derechos humanos fundamentales […] Como los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de

los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales

y culturales resulta imposible”.5

3OJEDA QUINTANA, Tomás: “El problema de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales”, Revista Hechos y Derechos, tomo 7, 2000, pág. 50.

4CIDH, Informe anual 1979, 1980, pág. 143, cit. por BUERGENTHAL, Thomas; NORRIS,

Robert E. y SHELTON, Dinah: La protección de los derechos humanos en las américas, IIDH, Editorial

Cívitas, Madrid, 2da edición, 1994, pág. 235.

5CIDH, Informe anual, 1986, OEA/Ser.L./III, 15 doc. 13, 29 de agosto de 1986, pág. 42,

cit. por CONTARINI, Eugenia; FAIRSTEIN, Carolina; KWEITEL, Juana; MORALES, Diego y ROSSI, Julieta,