Las graves denuncias contra la Presidenta y el canciller

La denuncia del fiscal que investiga el Alberto Nisman, contra la presidenta y el canciller es de una gravedad inédita y requiere que la Justicia actúe con absoluta independencia y responsabilidad, además de celeridad.

Nisman ha reclamado que la jefa del Estado y su ministro de Relaciones Exteriores sean indagados por la Justicia tras haberlos acusado de pretender encubrir y "fabricar la inocencia" de funcionarios iraníes a quienes se les imputa su participación en el atentado contra la mutual judía que se produjo hace más de 20 años y causó 85 muertes. También pidió que se cite para prestar declaración indagatoria al diputado kirchnerista Andrés "Cuervo" Larroque; al dirigente piquetero Luis D'Elía; al conductor de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; al ex juez de instrucción que prestó tareas para la Secretaría de Inteligencia Héctor Yrimía y a un agente de inteligencia de identidad reservada.

La acusación se sustenta en escuchas telefónicas, a partir de las cuales surgieron indicios de que la primera mandataria argentina hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con el diputado Larroque, y que éstos ponían en conocimiento de lo dispuesto por la Presidenta a Esteche y a D'Elía, al tiempo que este último se lo comunicaba al referente iraní Jorge Khalil, quien a su vez llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires y uno de los prófugos de la justicia argentina por el atentado contra la AMIA.

Según Nisman, una "confabulación criminal" fue "decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman". Ese plan contemplaba, de acuerdo con la denuncia del fiscal, "fabricar la inocencia" de los funcionarios iraníes acusados por la voladura del edificio de la entidad judía, montando una pista falsa para que se les imputara el atentado a grupos "fachos locales". A cambio de eso, se suscribirían acuerdos de cooperación comercial supuestamente beneficiosos para la Argentina, que incluirían la compra de petróleo y la venta de granos a Irán.

El plan se activó, de acuerdo con la denuncia del fiscal, en enero de 2011, cuando Timerman viajó a Siria y "se reunió en secreto con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos...