El Gobierno pidió a la Justicia que se anule la millonaria demanda del Correo al Estado

Los abogados del Estado empezaron a traducir en actos procesales las palabras del presidente de la semana pasada, cuando dijo que el Gobierno buscaría otra solución al polémico acuerdo con el Correo.

Ayer hubo por lo menos dos movimientos en diferentes expedientes. Por un lado, los letrados les asestaron un golpe a sus colegas del Correo Argentino, la empresa del grupo Macri, a través de un tecnicismo jurídico que podría llevar a extinguir uno de los principales reclamos de la empresa contra el Estado. A las 13, en el fuero contencioso administrativo federal se presentó un escrito en el que se pidió la caducidad de instancia al Correo por el juicio en el que reclamaba una indemnización de $ 2300 millones por la confiscación de sus bienes en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión. En caso de que el juez haga lugar al pedido, la acción se extinguiría.

Además, en el controvertido concurso preventivo, el Gobierno pidió que se deje sin efecto el acuerdo alcanzado el año pasado. La Sala B de la Cámara Comercial no tomó una decisión, pero fijó una audiencia para el 16 de marzo. Y el viejo Correo Argentino tampoco se quedó quieto: presentó un escrito en el que esgrime sus propios argumentos en el caso.

Por un lado, la empresa dice que los intereses del juicio quedan suspendidos, como sucede con todas las deudas concursales, y que no debe computarse actualización alguna. Además de cuestionar los cálculos que adjuntó la fiscalía, los abogados del Correo consideran que la propuesta no es abusiva, ya que reconoce el 100% de lo que alguna vez el Estado verificó como crédito.

Fueron los primeros actos procesales después del anuncio presidencial de volver todo a "foja cero" con el polémico acuerdo de pago al que llegó el Ministerio de Comunicaciones con Correo Argentino, al que se le retiró la concesión en 2003 con un decreto de Néstor Kirchner.

La caducidad de instancia es una herramienta procesal que las partes pueden solicitar cuando una de ellas, en este caso el Correo, no realiza actos que impulsen el juicio durante seis meses. El escrito estuvo firmado por el ministro de Comunicaciones, y patrocinado por el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, y fue presentado en un juicio que se inició el 13 de junio de 2016. "Es un juicio que se inició el año pasado por los supuestos daños que le habría ocasionado el Estado al Correo. Es por 2300 millones de pesos más los intereses. Le planteamos al juez que la ley...