Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 28 de Agosto de 2015, expediente FMZ 081621846/2010

• Fecha de Resolución: 28 de Agosto de 2015
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 81621846/2010 Mendoza, 28 de Agosto de 2015.

Y VISTOS:

Estos autos N° FMZ 81621846/2010, caratulados:

SOBRE C/la Administración Pública

, venidos de la Sala II de la Cámara

Federal Casación Penal en virtud de la resolución obrante a fojas sub

4470/4473 por la cual se dispone: “… HACER LUGAR a los recursos de

casación interpuestos, sin costas, ANULAR la decisión de fs. 4249/vta. y

REMITIR las presentes actuaciones a la Sala A de la Cámara Federal de

Apelaciones de Mendoza a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de

conformidad a lo aquí establecido (arts. 471 y 532 CPPN)…”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que a fojas 4470/4473 la Sala II de la Cámara

Federal de Casación Penal declara nula la decisión de fs. 4249/vta. emitida por

esta Cámara, en su anterior composición, toda vez que considera que en dicha

resolución el juez no sustanció los puntos de agravio, ni valoró los argumentos

expuestos por el Juez “aquo” que llevaron a disponer el sobreseimiento de los

imputados.

Por ello, teniendo en cuenta la actual integración de la

Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, remite las

actuaciones a esta sede a fin de que dicte un nuevo fallo conforme a los

lineamientos allí establecidos.

II. Que, siendo ello así, corresponde a esta Sala

ingresar al tratamiento de los recursos de apelación interpuestos a fs.

4170/4173 vta. y a fs. 4187/4206 por el representante del Ministerio Público

Fiscal y por la querella (Administración Federal de Ingresos Públicos),

respectivamente.

Que, en primer lugar, cabe tener presente que este

Tribunal ya se ha expedido en autos N° 93313F23116, caratulados: “Hoy

c/PLACE, FRANCISCO Y OT. POR INF. A LA LEY 24769”, de fecha 25

de abril de 2.013, acerca del régimen penal aplicable y calificación legal que

corresponde atribuirle a la conducta delictiva que habrían llevado a cabo

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1. Secretario de Cámara algunos de los principales miembros de la posible asociación ilícita

   investigada.

   No obstante ello, hemos de formular aquí un

   exhaustivo análisis acerca de algunos temas que se consideran vitales para

   lograr una mejor comprensión y claridad expositiva, atento la envergadura de

   la cuestión traída a debate.

   Como se sostuvo en el precedente de autos Nº 87051

   F20986, caratulados: “Hoy c/PLACE, FRANCISCO Y OT. POR INF. A

   LA LEY 24769”, que data de fecha 08/09/2009, deviene necesario efectuar

   una breve consideración general en relación a la concepción del impuesto

   como un elemento esencial para la existencia misma del Estado y el logro de

   sus fines.

   La propia Constitución Nacional impone el deber de

   contribuir al sostenimiento de los gastos públicos al disponer, en su artículo

   4°, que “…El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los

   fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación

   y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de

   la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y

   proporcionalmente a la población imponga el Congreso General”.

   Para los ciudadanos este mandato constitucional

   implica una situación de sujeción y de colaboración con la Administración

   tributaria en orden al sostenimiento de los gastos públicos cuyo indiscutible y

   esencial interés público justifica la imposición de limitaciones legales al

   ejercicio de aquél rango. Pero, al mismo tiempo, comporta para los poderes

   constituidos exigencias y potestades específicas en orden a la efectividad de su

   cumplimiento por parte de los contribuyentes.

   Es que, como es bien sabido, “…la Carta Magna no

   consagra derechos absolutos, de modo tal que los derechos y garantías que

   allí se reconocen, se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su

   ejercicio” Fallos 304:319, 1524; 314:1376; en igual sentido, Cámara

   Nacional de Casación Penal, S., causa n° 7074 “G., M.M. s/

   rec. de casación”, reg. n° 9043, rta. el 15/6/06, entre muchas otras.

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1. Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 81621846/2010 Y para los poderes públicos este deber constitucional

   comporta también exigencias y potestades específicas en orden a la

   efectividad de su cumplimiento por los contribuyentes. Como bien sostiene el

   Tribunal Constitucional Español, resulta imprescindible “...la actividad

   inspectora y comprobatoria de la Administración tributaria, ya que de otro

   modo se produciría una distribución injusta en la carga fiscal, pues lo que

   unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu

   cívico o con menos posibilidades de defraudar; de ahí la necesidad y la

   justificación de una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz,

   aunque pueda resultar a veces incómoda y molesta (STC 110/1984,

   fundamento jurídico 3°)” STC 76/1990.

   En similar sentido se ha pronunciado nuestro más Alto

   Tribunal al decir que el fin perseguido por la ley fiscal no es sólo la

   recaudación, sino que dicha ley “…se inscribe en un marco jurídico general,

   de amplio y reconocido contenido social, en el que la sujeción de los

   particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira

   todo el sistema económico y de circulación de bienes” Fallos 314:1376. Es

   que “...el cumplimiento de los deberes formales constituye el marco adecuado

   en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de mercado. Las

   exigencias se establecen para garantizar la igualdad tributaria, desde que

   permiten determinar no tan sólo la capacidad contributiva del responsable,

   sino también ejercer el debido control del circuito económico en que circulan

   los bienes” Fallos 316:687. Ello por cuanto “…la tan mentada equidad

   tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los

   deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan responsabilidad

   impositiva ya que resulta un hecho notorio la situación en que se encuentran

   aquéllos que en el ejercicio de sus actividades cumplen con los recaudos que

   las leyes y los reglamento) les imponen, frente a otros que operan en los

   circuitos económicos informales y de creciente marginalidad” Fallos

   325:669.

   De las reflexiones formuladas se sigue que la lucha

   contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a

   todos los poderes públicos, especialmente al legislador y a los órganos de la

   Administración tributaria. Para un Estado democrático de Derecho su

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1. Secretario de Cámara actividad tributaria es el instrumento de un orden social y económico más

   justo que posibilita que se atienda las necesidades de todos y no de unos

   pocos. Como lo sostiene un autor, desde la perspectiva económica la

   administración pública actúa esencialmente con ayuda del dinero recaudado

   por los impuestos, el que no es patrimonio del Estado sino meramente

   patrimonio circulante y consumible cuya utilización está fijada en el

   presupuesto y sus planes y regida por determinados principios, como el de

   máxima rentabilidad (vid Klaus TIEDEMANN, “Poder económico y

   delito”, A., Barcelona, 1985, p. 98.

   Por ello es que el legislador debe “…habilitar las

   potestades o los instrumentos jurídicos que sean necesarios y adecuados para

   que, dentro del respeto debido a los principios y derechos constitucionales, la

   Administración esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de las deudas

   tributarias, sancionando en su caso los incumplimientos de las obligaciones

   que correspondan a los contribuyentes o las infracciones cometidas por

   quienes están sujetos a las normas tributarias” STC 76/1990.

   Porque “...frente a los mentados valores de

   solidaridad que se traducen en el logro de legítimos recursos económicos

   que permitan concretar el bien común de toda una sociedad resulta errónea

   una concepción de la libertad que la mantenga aislada del cumplimiento de

   aquellas obligaciones que atiendan al respeto de los derechos de la

   comunidad y de la finalidad ética que sustenta al Estado; postulados que se

   convierten de imposible cumplimiento cuando el trabajo se manifiesta aislado

   dentro del cuerpo social que torna posible su accionar e insensible a sus

   necesidades generales, debido a la evasión deliberada de aquellas

   obligaciones sociales comunes, como son las de naturaleza tributaria” Fallos

   314:1376.

   La modalidad típica de los delitos tributarios de daño

   es la llamada evasión consistente en el incumplimiento doloso de las

   obligaciones tributarias acompañado de maniobras engañosas tendientes a

   impedir que el Fisco detecte el daño sufrido. Se trata de una figura de daño

   patrimonial, en la que la materialidad de la acción consiste en dejar de ingresar

   al Fisco sumas que le son adeudadas en concepto de ‘tributos’ mediante el

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1. Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 81621846/2010 empleo de artimañas. Así, R. G. THOMAS, en su obra “Régimen

   Penal Tributario”, Ed. Ad. Hoc., Bs. As., 1997, p. 28) explica que cuando se

   evade el contribuyente omite o deja de pagar lo que debe al fisco.

   Calificada doctrina especialista en la materia alude a

   que esta especie de fraude “…tiende a obstruir el poder financiero de la

   Administración afectando la incolumidad de las rentas fiscales” (confr.

   8. VILLEGAS, “Derecho Penal Tributario”, pág. 97/98), en razón

      de que en el derecho penal tributario la defraudación tiene características

      propias por las particulares condiciones en que se desenvuelve la relación

      jurídica tributaria.

      En tales hipótesis, el perjuicio patrimonial en que

      incurre el Fisco...