Empleo público y derecho social
Ensayos de derecho administrativo › Estado de Derecho y función administrativa (2006)
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Resumen
I. Introducción II. Contrato de empleo público y contrato de trabajo III. El principio protectorio en el empleo público y su constante violación por el estado empleador 1. Discriminación remunerativa 2. Simulación salarial 3. Desconocimiento del derecho a la estabilidad 4. El caso del personal contratado IV. Colofón
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Extracto
Empleo público y derecho social
I. Introducción Tradicionalmente desde la propia Administración, para acrecentar su poder, se afirma que el Estado, debido a su rol de gestor del interés general, posee prerrogativas de variada índole que lo diferencian sustancialmente de los sujetos particulares con los cuales interactúa. En no pocas ocasiones hasta el propio legislador avanza en esa dirección como ha ocurrido con la reforma introducida al Código Fiscal bonaerense a fines de 2005 facultándose a la autoridad de aplicación para clausurar comercios, intervenir la caja, disponer embargos e inhibiciones y el secuestro de automotores sin orden judicial1. Salvo excepciones el Poder Judicial y los cultores del Derecho Administrativo avalan y ratifican estos criterios. En palabras más crudas, en Argentina -y en Iberoamérica en general- el Estado es autoritario2. Toda vez que las decisiones arbitrarias y compulsivas (al amparo de la funesta "ejecutoriedad" de las decisiones oficiales) se ponen en evidencia en el trato con los ciudadanos siempre al cobijo de la invocada representación del interés general (que con frecuencia se confunde con el interés del partido gobernante y su grupo de prebendarios), no debe extrañar el abuso de poder en que incurre el Fisco cuando trata con un sector de la población al cual lo une un vínculo mucho más estrecho: los empleados públicos. Es en este ámbito donde el autoritarismo se patentiza con mayor brutalidad. Como se ha denunciado justificadamente desde la doctrina laboralista3, los autores clásicos del Derecho Administrativo apañaron esta inteligencia del asunto. Inicialmente, para favorecer la postura autoritaria postularon que el vínculo entre empleador y empleado no era de tipo contractual sino que respondía a una fuente "estatutaria" o a un "régimen de sujeción especial" en el cual se ingresa voluntariamente y a cuyos dares y pesares el empleado queda inexorablemente atado4. Ésta ha sido también la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que las relaciones jurídicas derivadas de la condición de empleado público, incluyendo lo atinente a la remuneración y al cese, están regidas por el Derecho Administrativo pero no se derivan de un contrato ya que en ese vínculo el Estado no actúa como persona jurídica sino como poder público5. El progreso teórico que significó el posterior reconocimiento del carácter contractual de la relación, apenas alcanzó para reconocer que el trabajador estatal además de obligaciones poseía derechos que debían ser considerados (estabilidad, sueldo, licencias, vacaciones, trato igua...
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