Diputados de La Cámpora impulsan la aprobación de una ley de armas cero

Sin abandonar el bajo perfil que los caracteriza, los diputados nacionales de se aprestan a presentar en las próximas semanas su propio .La iniciativa, una idea del diputado Eduardo "Wado" De Pedro, que cuenta con el respaldo de otros legisladores de la agrupación, propone una para acelerar drásticamente el trámite de destrucción de las armas de fuego secuestradas en operativos de las fuerzas de seguridad, informaron a LA NACION fuentes del bloque oficialista.De concretarse, la propuesta sería girada a la Comisión de Legislación Penal, donde espera su tratamiento, sin haber despertado entusiasmo en la mayoría kirchnerista, otro proyecto de "armas cero".Es el que presentó hace diez días el diputado Martín Insaurralde, por impulso del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el marco de la emergencia en seguridad que decretó el mandatario el 5 de este mes.Las dos iniciativas podrían convivir y hasta complementarse. Además, se basan en un dato de la realidad: siete de cada diez asesinatos se cometen con armas de fuego.Pero son muy distintas. La de Insaurralde-Scioli propone endurecer la legislación, para que se detenga con prisión preventiva a toda persona que, sin permiso, tenga o porte un arma en un lugar público.Con este fin, el proyecto eleva a tres años y medio el mínimo de castigo previsto para ese delito, sin distinguir si se trata de una tenencia o una portación (cuando el arma cargada y lista para ser usada) ni si se trata de un arma de guerra o de uso civil. Hoy, sólo se castiga con prisión preventiva la portación de armas de guerra.El proyecto de La Cámpora, en cambio, busca reducir la cantidad de armas en circulación, a partir de darle un trámite exprés al procedimiento de destrucción.En la actualidad, las armas decomisadas quedan almacenadas en depósitos y sólo pueden destruirse si se dicta una sentencia contra la persona a la que se le secuestró, lo que puede demorar varios años.De Pedro trabaja en esta iniciativa legislativa en conjunto con el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar), dependiente del Ministerio de Justicia, que dirige desde 2011 el camporista Matías Molle.La norma propuesta establece que el material decomisado será destruido seis meses después de su secuestro, aunque para entonces todavía no se haya dictado sentencia. Se exceptúan los casos en que las armas hayan sido robadas o extraviadas y en que su titular no tenga...