Denuncia, sentencia y cambio de rumbo

Hace dos años, una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña reveló la existencia de sobornos a funcionarios de la Aduana para ingresar al país prótesis médicas subvaluadas que, luego, médicos indicarían y las obras sociales cubrirían a cambio de una coima de entre el 15% y el 20% del valor del producto. "Denuncié ante la justicia penal argentina a la firma Biomet, de los Estados Unidos, que, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión de Valores de ese país, había pagado sobornos a funcionarios y a médicos de distintos países, entre ellos, la Argentina, para la colocación de prótesis traumatológicas", contó Ocaña a LA NACION. Las autoridades estadounidenses multaron a la empresa con 23 millones de dólares.

En diciembre del año pasado, el diario The New York Times publicó lo que se convirtió en la primera confesión pública de la industria farmacéutica del pago de incentivos a médicos y visitadores médicos para promover la prescripción de drogas. En un comunicado, el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) anunció que suspenderá "los pagos a los profesionales de la salud para hablar en su nombre, sobre sus productos o las enfermedades que tratan, a audiencias que pueden prescribir o influir en la prescripción" y que "dejará de financiar directamente a los profesionales de la salud para asistir a los congresos médicos". Las medidas, de alcance global, entrarían en vigencia en 2016.

El CEO de GSK, Andrew Witty, negó en ese momento que la decisión estuviera relacionada con la investigación en China por el pago de sobornos a médicos y autoridades para aumentar sus ventas. El monto utilizado para viajes y presentaciones que nunca ocurrieron habría sido de 494 millones de dólares.

"La estrategia incluye varios elementos clave: la primera es la introducción de nuevos incentivos para los...