La Corte le infligió un duro revés al Gobierno al frenar parte de la suba del gas

La Corte Suprema le propinó ayer un duro golpe político al Gobierno, al frenar una parte del . Decidió por unanimidad aplicar la medida para los usuarios residenciales, al anular las subas dispuestas en abril y ordenar hacer audiencias públicas. Por eso, sigue vigente el cuadro tarifario de marzo, anterior al aumento.

, y con el claro objetivo de atenuar el impacto fiscal de la sentencia, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti también decidió no beneficiar a las otras categorías de consumidores, éstos son los comercios y empresas, que representan en cierta parte del año el 74 por ciento del volumen consumido, a los que el Gobierno podrá exigirles retroactivamente el pago del incremento.

Asimismo, la sentencia le entreabrió una puerta al Gobierno, al darle la opción de fijar el precio por la extracción de gas en boca de pozo a través de dos caminos: la audiencia pública o por valores de mercado, aunque

En su primera reacción pública tras el fallo, , ofreció una conferencia de prensa junto con los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, en la que intentó minimizar el alcance económico de la medida. "El fallo permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos cuatro meses y ratifica que está vigente el cuadro tarifario anterior. Por lo tanto, se va a emitir la orden a las empresas para que refacturen con el cuadro anterior", señaló.

Peña agregó que "mañana mismo" -por hoy- el Gobierno "llamará a audiencias públicas para determinar los aumentos en las tarifas del gas, y las reuniones se concretarán en tres semanas". "El temor que produce este fallo es que ahora los comerciantes y las pymes se vengan con nuevos amparos, lo cual prolonga el debate", confió una fuente oficial.

En el Gobierno hubo autocrítica por la falta de información sobre cómo fallaría la Corte y por la endeblez de los nexos con los jueces. Por el contrario, la oposición celebró la medida, pero pidió cuidar a las pymes.

La demanda había sido planteada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), pero también había demandas de pymes, de empresas y de cámaras empresarias.

Sin embargo, la Corte, que en todo momento buscó mostrar el fallo como para el Gobierno (incluso en los términos del comunicado que difundió), acotó el impacto sobre el fisco y sólo se pronunció en favor de proteger a los consumidores residenciales, "los más vulnerables, que no pueden defenderse individualmente".

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