Acerca de los procesos constitucionales colectivos. A propósito de un reciente hábeas corpus colectivo a favor de la totalidad de los detenidos alojados en establecimientos policiales en la provincia de Buenos Aires

• Autor: Oscar R. Puccinelli
• Páginas: 223-272

ACERCA DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

COLECTIVOS. A PROPÓSITO DE UN RECIENTE HÁBEAS

CORPUS COLECTIVO A FAVOR DE LA TOTALIDAD DE LOS

DETENIDOS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS

POLICIALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OSCAR R. PUCCINELLI

Sumario: 1. El caso. 2. Opinión del Procurador. 3. Trámite ante la Corte. 4. Voto

de la mayoría. 5. Disidencia parcial del Dr. Fayt. 6. Disidencia parcial de la

Dra. Argibay. 7. Disidencia del Dr. Boggiano. 8. Legitimación activa y legitima-

ción pasiva en el hábeas corpus. 8.1. El hábeas corpus colectivo. 8.1.1. Legiti-

mación de “el afectado” o “cualquiera en su favor”. 8.1.2. Extensión a otros

legitimados. 8.1.2.1. El hábeas corpus colectivo: Quid de la legitimación del

afectado y de su extensión al defensor del pueblo y a las asociaciones sectoria-

les. 8.1.2.2. Quid del Ministerio Público. 8.2. El hábeas corpus contra adversus

omnes. 8.2.1. Posición negatoria. 8.2.2. Posición admisoria. 8.2.2.1. Dimensión

normológica. 8.2.2.2. Dimensión sociológica. 8.2.2.3. Dimensión dikelógica.

9. Conclusiones. Quid del hábeas data colectivo.

1. El caso

El fallo objeto de este comentario (“Recurso de hecho deducido por el

Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/Hábeas

corpus”, CSJN, 3/5/05) se originó a partir de una acción de hábeas corpus colec-

tivo interpuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la

Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en favor de todas las

personas detenidas en establecimientos policiales ubicados en la jurisdicción del

Tribunal, que se veían perjudicadas en virtud de: a) la notoria superpoblación de

detenidos, provocadora de un severísimo agravamiento en las condiciones de

detención, en directo agravio a derechos constitucionales básicos, o b) encon-

trarse alojadas en aquéllos en contradicción con expresas disposiciones legales y

constitucionales (la privación de libertad debería desarrollarse en centros de de-

tención especializados).

La pretensión concreta –fundada en datos sumamente contundentes y en

relatos altamente demostrativos de la situación de urgencia que reclamaba la

adopción de medidas al respecto– fue la de que dicho Tribunal asumiera, respec-

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to de ese colectivo de personas, su competencia por la vía intentada y de manera

originaria (cuya pertinencia emergía de la propia jurisprudencia del Tribunal,

que posibilitaba la deducción directa del hábeas corpus en casación cuando el

caso fuera manifiestamente importante o se presentara un supuesto de gravedad

institucional en la cuestión que se somete a su decisión) para que, luego de com-

probar la situación descripta: a) se pronunciara expresamente acerca de la ilegi-

timidad, constitucional y legal, del encierro de esas personas en las condiciones

en las que se hallaban; b) se ordenara el cese de esa situación y se determinara, a

través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados, el modo

en que la administración pudiera hacer efectivo el cese de esas condiciones

oprobiosas de detención.

Sostuvo la actora además que, si bien numerosos tribunales locales habían

ordenado reiteradamente en los últimos años la clausura de comisarías y cen-

tros de detención, tales resoluciones fueron siempre parciales y no contribuye-

ron a solucionar eficazmente el problema del alojamiento; antes bien, sólo gene-

raron el movimiento de internos de un lugar a otro, aliviando la situación de

unos, pero agravando la de otros, sin que, en definitiva, se dispusiese una solu-

ción eficaz.

Al evaluar la pretensión deducida, la Sala III de la Cámara rechazó el hábeas

corpus interpuesto por considerarse incompetente para entender originariamente

en la acción instaurada, pues: a) su jurisdicción estaba limitada en la materia al

conocimiento del recurso en los términos y con los alcances establecidos en los

artículos 406 y 417 del Código Procesal Penal local; b) por vía del hábeas corpus

no se podía sustituir a los jueces propios de las causas relativas a cada detenido y,

en consecuencia, las agravaciones en las condiciones de detención denunciadas

debían encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales a cuya

disposición se hallaban las personas detenidas representadas colectivamente,

y c) no correspondía tomar una única decisión que englobase las situaciones

plurales indeterminadas con otros posibles objetivos perseguidos, aun cuando

estén, de manera significativa, referidos a un problema común y, en consecuen-

cia, la acción no podía dirigirse a solucionar de manera genérica el sistema car-

celario y su sucedáneo policial, sino a obtener una decisión concreta en casos

individuales, los cuales pueden variar mucho entre sí, respecto de lesiones a

derechos esenciales.

Frente a la decisión adoptada, el Centro de Estudios Legales y Sociales

interpuso los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley

(art. 161, inc. 3, ap. a y b, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,

y arts. 491 y 494 del Código Procesal Penal local), con especial fundamento en

los arts. 18, 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y en diversos instru-

mentos internacionales, en lo referido al derecho de acceder a la jurisdicción y

obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial y por una diversidad

de motivos que pueden consultarse en el propio fallo. En lo que interesa a este

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ACERCA DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES COLECTIVOS…

comentario, concretamente se fundó el recurso de inaplicabilidad de ley en el

desconocimiento en que incurrió el Tribunal de Casación respecto de la posibili-

dad de accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, contemplada en el

artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional, al decir que con la

acción intentada sólo se apuntaba “a cuestionar el sistema carcelario [...] en for-

ma genérica, y no a obtener una decisión concreta en casos individuales [...]

respecto a lesiones de derechos esenciales”, para cuya solución debía ocurrirse

individualmente ante los respectivos jueces a cuya disposición se hallan los be-

neficiarios del hábeas corpus, y que, en consecuencia, “las situaciones descriptas

por los requirentes se sitúan en un cuadro general de crisis no remediable por la

vía intentada”.

Se agregó que, en definitiva, el esquema propuesto por el Tribunal de Casa-

ción llevaba a una situación inaceptable, dado que la solución individual afecta-

ba necesariamente a las demás personas que padecían la misma situación, gene-

rando además evidentes problemas de igualdad (ya que, v.gr., la orden judicial

de traslado de una unidad de detención a otra podía aliviar la situación de la

primera pero agravar la de la segunda); y que el recurso a una acción colectiva se

justificaba claramente por razones de economía procesal que la hacían preferible

por sobre una multiplicidad de acciones individuales (en este sentido, el encau-

zar el reclamo por la vía de una acción colectiva permitiría que la orden judicial

que se cursara al Poder Ejecutivo para que solucione la situación proviniese de

un único órgano judicial y apuntara a la totalidad del problema, evitando además

la acumulación de múltiples causas individuales con el mismo objeto y la exis-

tencia de decisiones contradictorias, así como las declaraciones de incompeten-

cia de los tribunales inferiores).

Al resolver los recursos interpuestos, la Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires, por el voto de la mayoría de sus miembros, declaró

inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley, fundándose en pri-

mer lugar en que éstos sólo se encuentran habilitados contra las sentencias defi-

nitivas (la decisión cuestionada no cancelaba definitivamente los respectivos

procesos principales ni la propia pretensión incoada, en tanto ésta no fue someti-

da a los magistrados, a cuya disposición se encuentran los detenidos en cuya

representación la acción fue interpuesta) y, en segundo término, por cuanto re-

sultaba inadmisible que la competencia de los tribunales se abriera como conse-

cuencia de una conjetura del recurrente, relativa a un supuesto impedimento de

solución por parte de los magistrados legalmente habilitados.

Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario

federal, cuya denegatoria dio lugar a la presentación directa en queja ante la

Corte, que se fundó, en lo que nos interesa, en los siguientes argumentos: a) la

sentencia impugnada ostenta carácter definitivo a los fines del recurso, pues im-

pide la prosecución del procedimiento tal como se lo había planteado, esto es,

como acción colectiva; b) resulta erróneo sostener que una acción colectiva es