Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2005, expediente I 1926

• Fecha de Resolución: 2 de Noviembre de 2005
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 2 de noviembre de 2005, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., de L., N., P., R., K., D., N., Celesia, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 1926, "Ramos, J.O.. Inconstitucionalidad ley 11.761".

A N T E C E D E N T E S

I.J.O.R., por apoderado, promueve la acción prevista en los arts. 161 inc. 1º de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 22, 23, 25, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 71, 74 y 76 de la ley 11.761 por considerarlos violatorios de derechos y garantías establecidos en las Constituciones provincial y nacional, con costas.

2. Corrido el traslado de ley , se presenta en autos el señor Asesor General de Gobierno.

   Plantea la defensa de falta de legitimación con fundamento en la inexistencia de un perjuicio concreto o de algún tipo de afectación individual de los intereses o derechos del actor.

   En cuanto al fondo del asunto solicita el rechazo de las pretensiones esgrimidas argumentando acerca del apego de las normas cuestionadas a los preceptos constitucionales, así como de la razonabilidad de la ley .

   Plantea que el sistema previsional se financia en parte con recursos que provienen de rentas generales, por lo que en su entender cuando la ley regula o limita prestaciones jubilatorias lo que está haciendo es regular o limitar la contribución colectiva con que se los sostiene.

   Entiende que el enunciado precedente es el marco jurídico justificante de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona, mientras que es el desequilibrio financiero del sistema previsional lo que motivó la necesidad y urgencia de proceder a su reestructuración.

   Afirma que resultó imperativo imponer a través de la ley 11.761 algunas restricciones, con miras a una mayor racionalidad sin que se hubieren lesionado las garantías cuya protección se pretende.

   Aduce que el antecedente de hecho y, en rigor, la causa decisiva que llevó a sancionar la ley 11.761 residió en la apremiante situación de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el creciente déficit del sistema.

   Apoya su argumentación en el informe efectuado por la consultora A.A. & Co., cuya copia certificada adjunta, y del cual en su entender se desprenden los siguientes datos:

   1. imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el esquema actual;

   2. déficit previsional al 31-XII-1993 de cuarenta millones, trescientos nueve mil pesos;

   3. insostenible relación activos/pasivos: 1,23 activos por cada pasivo, factor principal en la crisis generado por la "permisividad de la edad jubilatoria", requerida hasta 1992, así como la incidencia del régimen de jubilaciones voluntarias;

   4. relación regresiva entre la mayoría de los aportes provenientes de las categorías más bajas y la existencia de mayor cantidad de pasivos en las categorías medias y altas.

   5. incompatibilidad entre el sistema de reparto y el 82% móvil, por no existir una correlación directa entre los fondos acumulados en la etapa activa de los individuos vs. los beneficios a percibir por éstos en su etapa pasiva.

   Asimismo, y remitiéndose a otro informe de consultoría (fs. 66 a 75) agrega como causas del déficit el cobro de la asignación especial semestral (incentivado) sin haber aportado los jubilados antes de 1986, una limitada política de inversiones de los fondos, la rentabilidad real negativa de las inversiones; los riesgos potenciales derivados de fallos judiciales adversos y la establilidad económica, que tienen como efecto no querido reducir sensiblemente los aportes provenientes de los aumentos de sueldo del personal, que en períodos inflacionarios resultan fundamentalmente nominales e incrementaban notablemente los aportes de la Caja.

   Sostiene que la emergencia exigía sacrificar elementos accidentales del sistema en beneficio de la sustancia y que, atendiendo a la situación de emergencia, la ley 11.761 cumple los parámetros de razonabilidad requeridos para su constitucionalidad. En ese sentido dice que las circunstancias justificantes, ya reseñadas, constituyen el antecedente de hecho de ineludible consideración al momento de evaluarse la constitucionalidad de las soluciones adoptadas.

   Entiende que también se encuentra presente otro elemento constitutivo de la razonabilidad de la disposición legal, tal la proporcionalidad fin perseguidomedios. En el caso, el fin público procurado por la normativa bajo examen era solucionar el profundo desequilibrio económicofinanciero de la Caja, salvaguardando el sistema de reparto, mortalmente comprometido por tal desequilibrio.

   Se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de la Nación que reconoce que en caso de mediar razones de orden público o de beneficio general, las prestaciones son pasibles de reducción sin que ello implique violar la garantía constitucional del derecho de propiedad, recordando que según el más alto Tribunal nacional la Constitución nacional no preconiza un único sistema de movilidad, confiando su elección a la prudencia legislativa.

   Reconoce que el afiliado tiene derecho a que el reconocimiento y determinación del beneficio previsional se rija por la ley vigente al tiempo de ocurrir el hecho que lo genera pero afirma que ello no obsta a que se apliquen inmediatamente las leyes nuevas a las consecuencias posteriores a la concesión del beneficio, en tanto las mismas no desconozcan su subsistencia ni alteren su esencia. En tal sentido pregona que la ley 11.761 no ha privado al accionante de su jubilación, limitándose eventualmente a reducir el monto neto a percibir.

3. La Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires contestó la citación que en los términos de los arts. 90 inc. 1º, 92 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial se practicara. Solicita el rechazo de la demanda con costas.

4. Producida la prueba ofrecida por las partes, glosados los alegatos y oído el señor Procurador General, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

   C U E S T I O N

   ¿Es fundada la demanda?

   V O T A C I O N

   A la cuestión planteada el señor Juez doctor S. dijo:

   I.

   1. Corresponde, en primer término, abordar la oposición a la admisibilidad de la pretensión, efectuada por el señor Asesor General de Gobierno, basado en la supuesta inexistencia de un perjuicio concreto o de algún tipo de afectación individual de los intereses o derechos del actor, que derivaría en la falta de legitimación activa para accionar por esta vía.

      Se aduce allí que la ley cuya inconstitucionalidad se peticiona, al fijar la intangibilidad del haber actual, no afecta los derechos adquiridos por el reclamante, pues se limita a regir ex nunc sobre las relaciones jurídicas que se produzcan en el futuro. Ello desmentiría la existencia de un agravio actual y concreto. Las alegaciones del demandante deberían considerarse como simples discrepancias con los criterios legislativos empleados o la invocación de eventuales perjuicios que podría ocasionarle sobre prestaciones futuras la aplicación de la ley cuestionada.

   2. Comparto el criterio expuesto por el entonces señor P. General en el sentido que la defensa opuesta por la accionada resulta infundada.

      El art. 161 inc. 1º de la Constitución provincial exige que la norma objeto de la demanda originaria de inconstitucionalidad sea "controvertida por parte interesada". Conforme reiterada jurisprudencia sobre el punto, el interés que califica a la "parte" en la expresión del precepto constitucional citado debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1241, "B.", 31V1988; I. 1427, "A.", res. de 30V1989; I. 1553, "Procuración General de la Suprema Corte", res. de 11II1992; I. 1594, "Procuración General de la Suprema Corte", res. de 9III1993; en sent. conc. causas: I. 1457, "G.B.", res. de 13III1990; I. 1462, "G.C.", res. de 17IV1990; I. 1467, "A.L.", res. de 5VI1990; I. 1492, "Partido Movimiento Al Socialismo", res. de 31VII1990; I. 1488, "B.", res. de 31VII1990; I. 2115, "Z.", res. de 16XII1997; I. 2153, "M.", res. 14IX1998), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado o ha de ser ineludiblemente lesionado, de intentarse la acción con carácter preventivo por la sanción o la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (conf. doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", sent. de 30V1961; I. 1292, "Colegio de Abogados de La Plata", res. de 31III1987 y sus citas; I. 1315, "Donnarumma", sent. de 3XII1991; I. 1465, "Las Totoras S.R.L.", sent. de 1VI1993, entre otras).

      Es preciso, entonces, que el impugnante ponga de relieve que está comprendido en la esfera aplicativa de las disposiciones censuradas, y que en modo cierto o inminente éstas proyecten sus efectos sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", 6-III-1979; I. 1506, "Orruma", 22II1991). Ello acontece en la especie. La condición de jubilado en cabeza del accionante abre las puertas para el cuestionamiento constitucional de la norma que regula, precisamente, lo relativo al beneficio previsional de los empleados del banco provincial. Lo expuesto desvirtúa la oposición a la legitimación invocada por el reclamante y, por tanto, afirma la procedibilidad de su pretensión.

      II.

      1. Para dirimir la acción articulada en autos, es menester considerar las circunstancias que informan el presente caso, tal como lo exige el art. 171 de la Constitución provincial, de modo que la sentencia de mérito sea el producto de una ponderación circunstanciada de la impugnación deducida. Así se preserva la finalidad del control de...