Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2007 (caso Causa 1 083)

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En la ciudad de General San Martín, a los 20 días del mes de septiembre de 2007, establecido el siguiente orden de votación, de acuerdo al sorteo efectuado: Sres. Jueces Jorge Augusto Saulquin, Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi, se reúnen en acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, para dictar sentencia en la causa n.º 1083/07 “U., R.E. y otra c/ Pcia. De Buenos Aires y otros s/ amparo”.

ANTECEDENTES

I. A fs. 244/249 el Sr. Juez en lo Contencioso Administrativo de San Isidro hizo lugar a la acción de amparo articulada por el Sr. R.E.U. y la Sra. R.M.D., quienes se presentaron por su derecho y en representación de sus diez hijos menores, con patrocinio letrado. En consecuencia, condenó a la Municipalidad de San Isidro y a la Provincia de Buenos Aires a que incluyan a los actores y su grupo familiar en el primer plan de viviendas para el que reúnan los requisitos, con costas a la demandada vencida.

Para así resolver, luego de efectuar un pormenorizado relato de las constancias de autos, consideró que la vía del amparo es procedente, en tanto se encuentra en juego el derecho a una vivienda digna y toda vez que la índole de la cuestión y el carácter manifiesto de la lesión de derechos que se invocan no justifican remitir al actor a las vías procesales ordinarias. Asimismo, destaca que los demandados no aclaran cual sería, en este caso concreto, el remedio judicial más idóneo.

En cuanto al fondo del asunto, entendió que la cuestión central estribaba en definir si la vivienda es o no, en nuestro marco jurídico un derecho exigible o una mera alusión programática en el contexto constitucional. Concluyó en punto a ello en el carácter operativo de las premisas constitucionales y supranacionales, incluso para el supuesto de considerar que las estipulaciones constitucionales nacionales o locales son en esta materia de naturaleza programática, afirmó que la claridad de las cláusulas contenidas en los tratados internacionales y el carácter operativo de la supranacionalidad en materia de derechos humanos dan por tierra con el criterio pretendido.

Destacó que la conducta asumida por la Municipalidad de San Isidro con relación a las tareas de mejoramiento realizadas en el actual inmueble donde habitan los actores y su grupo familiar en el marco del Programa Federal de Viviendas constituyen la manera en que ésta procura cumplir con la obligación de asegurar el derecho a una vivienda digna, consagrado en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Expresó también que el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires manifiesta no disponer momentáneamente de unidades nuevas para vivienda o bien entregar una recuperada mediante desadjudicación en dichas condiciones y que no se encuentra dentro de sus operatorias vigentes el suministro físico de materiales, ni el otorgamiento de terrenos.

Hizo mención de lo informado por la Municipalidad demandada en cuanto a que el actor fue presentado ante la Comisión de Legajos y Casos Especiales de la Mesa de Integración de la Municipalidad de San Isidro a fin de exponer su solicitud, que informó que dado que los comparecientes no habitan en ninguno de los asentamientos comprendidos en el Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios sometidos a consideración de dicha mesa, no le corresponde a la misma intervenir en la solución pretendida.

Consideró que la situación descripta comporta una verdadera amenaza a los derechos constitucionales reconocidos. En tal medida, estimó que subsistían razones que justificaban el mantenimiento de los amparistas en el marco de la asistencia pretendida, ya que sus necesidades habitaciones no han sido resueltas, sin perjuicio de lo expresado por la perito asistente social en relación al ofrecimiento por parte del Secretario de Tierras de que los amparistas sean trasladados a Marcos Paz o La Matanza, el cual no ha sido aceptado por éstos en virtud de considerarlo un desarraigo.

Refirió que el constituyente ha tenido en miras garantizar preferencialmente los derechos de los sectores sociales más desprotegidos y ha impuesto al estado la carga de promover las políticas públicas tendientes a excluir paulatinamente la pobreza y las situaciones que constituyen un verdadero obstáculo para el efectivo desarrollo de la persona. Explicó que deberá tomar acciones positivas para cumplir tales fines, dentro de sus posibilidades presupuestarias y técnicas y en el marco de razonabilidad que debe imperar en todos los actos de gobierno por mandato constitucional.

Por tales razones, y habida cuenta de que en autos se encuentra comprometidos derechos de base constitucional, entendió que la vía intentada debe prosperar.

Asimismo, precisó que la cuestión planteada debía ser resuelta en el marco de la conducta estatal activa y asistencial asumida por las accionadas, la cual obra reflejada en las tareas remejoramiento realizadas en la vivienda del actor, en el ofrecimiento por parte de la Municipalidad de presentar el caso a la Mesa de Integración social, como el ofrecimiento de ser trasladados a Marcos Paz o a La Matanza, el cual no fue aceptado.

Así, afirmó que a los efectos de una justa resolución dentro de los parámetros descriptos, la solución debía estar alineada necesariamente a privilegiar la obtención de una vivienda digna al actor, pero en el marco de políticas de gobierno propias y priorizando los intereses del Sr. U. y su grupo familiar.

Asimismo, consideró que en atención al modo de resolver la cuestión, el pedido de medida cautelar urgente devenía abstracto.

II. Contra el citado pronunciamiento, a fs. 256/259 interpuso recurso de apelación la Fiscalía de Estado.

Expone los siguientes agravios:

a. del análisis de los antecedentes aludidos surge con claridad que el obrar del Estado Provincial ha sido efectuado de conformidad con las normas legales vigentes, sin vulnerar ningún derecho constitucional, no reuniéndose en consecuencia, los requisitos necesarios para la procedencia formal del amparo. Destaca que el propio fallo reconoce que la conducta estatal ha sido activa y asistencial para con los amparistas. En ese marco, entiende que el amparo presupone la existencia de un hecho, acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario. La recurrente afirma que en autos no se comprobó la supuesta falta u omisión del Estado de otorgarle ayuda a los amparistas –vivienda-alimentación-, sino que, por el contrario, existió por parte de la Provincia de Buenos Aires una conducta positiva ante los reclamos de aquellos.

Subraya que el Estado le ha ofrecido al actor y a su familia por intermedio de la Secretaría de Tierras de la Pcia. De Bs. As. una vivienda en La Matanza o Morón, pero dicha solución no fue aceptada por la parte actora.

b. El particular que considere que sus derechos se encuentran vulnerados, puede intentar la acción contencioso administrativa, prevista especialmente en el código respectivo. Sin embargo, aclara que la Provincia no asumió una conducta arbitraria o ilegal, por lo que el amparo no prospera y el rechazo de la acción es lo que debió dictarse.

Expresa en tal sentido que se exige del Estado que cumpla con los derechos constitucionales referidos, pero se olvida que el Estado y la Municipalidad de San Isidro asumieron previamente una actitud positiva ante los reclamos del amparista.

Manifiesta que el Estado provincial, ante los requerimientos del accionante formó expediente administrativo donde tramitó la solicitud de solución habitacional. Además, goza de una pensión por invalidez y seguramente por ello, tiene obra social para sí y su familia, circunstancias que demuestran la presencia del Estado y asistencia ante su situación.

El cuestionamiento de la actora respecto del actuar de la Administración implica que la cuestión traída a conocimiento requiere una mayor amplitud de debate y prueba que no se logra en el marco del amparo.

c. Afirma que el obrar administrativo encuentra sustento en las disposiciones jurídicas vigentes, cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada por el amparista. Además, el estado desplegó una actividad positiva para solucionar los reclamos del actor.

d. Para el hipotético supuesto de que no se acogiera el agravio esbozado por su parte, objeta la imposición de costas efectuada en la sentencia de grado, pues considera que no deberían habérsele impuesto a su mandante de acuerdo a las excepciones prescriptas en el art. 70 del C.P.C.C. y 25, segundo párrafo de la ley  7166. Ello, con fundamento en la conducta activa del estado. Surge con claridad que por parte del Estado se ofrecieron soluciones al actor, pero las mismas no fueron aceptadas por ellos, por lo que resulta injusta que se pongas las costas a cargo del apelante. Solicita costas en el orden causado.

III. A fs. 261/262 hizo lo propio la Municipalidad de San Isidro, que formuló los siguientes agravios:

a. objeta la condena a su parte a que los actores sean incluidos en el primer plan de viviendas para el que reúnan los requisitos, pues la provisión de una vivienda excede el marco legal de los Municipios. Manifiesta que el plan de viviendas...

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