Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, 23 de Septiembre de 2014, expediente 2687/2009

• Fecha de Resolución: 23 de Septiembre de 2014

Poder Judicial de la Nación Expte. N°:2687/2009

SENTENCIA DEFINITIVA N 162849 JFSS N° 5 - SALA II

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos: “C.L.M. C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

1. Llegan los autos a conocimiento de esta Alzada a propósito de los agravios vertidos por la parte demandada contra la sentencia de grado.

2. Del análisis de las constancias de autos, surge que la actora inició la presente acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 6 y 7 de la ley 26.425 y art. 3 y concordantes del Decreto 2.104/08 ordenando, en consecuencia, la restitución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual.

   En sustento de su pretensión esboza el derecho de pertenencia que le atribuye el artículo 82 de la ley 24.241 reforzado con la posibilidad de disponer el cambio de administradora de acuerdo a los arts. 44 y 45 del citado cuerpo normativo, la circunstancia de transmitir el quantum de la cuenta al acervo hereditario en caso de ausencia de derechohabientes, el derecho a elegir la modalidad de percepción de la jubilación ordinaria, y por último, señala que el decreto 397/07 reglamentario de la ley 26.222, expresamente refiere a la discreción y voluntad exclusiva de cada afiliado disponiendo a tal efecto de su ahorro acumulado. En suma, sostiene, que los fondos capitalizados conforman una propiedad privada limitada en su disposición, por obligación legal.

   El juez de grado admitió la acción intentada en la inteligencia que los aportes (tanto obligatorios como voluntarios) que integran la cuenta de capitalización, son de propiedad del accionante resultando inconstitucional el art. 7 de la ley 26.425. Consideró que, ante la intención de unificar el sistema, debió prever la devolución de los fondos depositados por los afiliados al régimen privado y precisar para el futuro un nuevo régimen jurídico.

   Contra ello se alza el representante del Estado Nacional – MTEySS y la ANSeS. Cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6 y 7 de la ley 26.425 y normas reglamentarias tanto para los aportes obligatorios como para los voluntarios y el monto por el cual prospera la demanda. Apela la aplicación de intereses cuando los mismos no han sido peticionados en la demanda. Asimismo, sostiene la nulidad del fallo debatido por cuanto, a su entender, resulta violatorio del principio de congruencia y, por último, se agravia de la imposición de costas a su cargo, de la regulación de los honorarios practicada a favor de la representación letrada de la parte actora por considerarlos elevados y de la aplicación de intereses no solicitados.

3. El derecho a la seguridad social se encuentra consagrado en la tercer parte del artículo 14 bis de la Carta Magna que comienza con la afirmación “el estado otorgará los beneficios de la seguridad social…”. No cabe duda respecto a la obligación que recae sobre el estado a cumplir con el mandato quien no podrá dejar en manos de la iniciativa privada su total cumplimiento sin incurrir en una clara violación del señalado precepto. Es cierto que han sido aceptadas ciertas formas de satisfacer las necesidades derivadas de contingencias sociales, pero siempre con carácter complementario o adicional sin que ello importe, en modo alguno sustituir la obligación principal.

   Es el Poder Legislativo, el facultado para establecer el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución (art. 75 inc. 23) y, especialmente, legislar en materia de seguridad social (art. 75 inc. 12 y el propio art.14 bis). Es copiosa la reglamentación existente en la materia pero vale hacer una breve referencia a la misma a partir de la sanción de la ley 4.349 que constituye la primera ley orgánica de jubilaciones.

   En efecto, a través de su art. 1° se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios, empleados y agentes civiles y, al mismo tiempo, declaró “que los fondos y rentas de esa Caja, son de propiedad de las personas”. El método de financiamiento elegido fue el de capitalización colectiva cuya fuente principal estaba constituida por el aporte personal de los trabajadores, aunque años más tarde se incorporara definitivamente, la contribución patronal.

   Asimismo previó, en su art. 27 que “Los empleados despedidos por razones de economía ó por no requerirse sus servicios, y los que cesen por cambio de designación en el orden administrativo, ó las supresiones que se hicieran en los presupuestos anuales ó en leyes especiales, tendrán derecho á

   reclamar la devolución del 5 % descontado de sus sueldos, con el interés del 5 % capitalizado por año.”.

   Dichos principios, generaron múltiples cuestionamientos lo que motivó la opinión de la doctrina. G.M. en su obra “Derecho de la Previsión Social”, Tomo II, E.S.. A., Editores, Buenos Aires, 1956, pág 386, expresó que “cuando la ley introdujo el principio de que los fondos y rentas de la Caja son de propiedad de las personas comprendidas en la misma, no consideró por ello que los aportes sean de propiedad personal de cada afiliado, quien en tal caso podría obtener su devolución –como si se tratara de depósitos efectuados a una cuenta corriente bancaria- cada vez que lo reclamara.”. Puesto que “las disposiciones de acuerdo con las cuales se reconocía el derecho a la devolución de los aportes, expresión por cierto impropia, puesto que no se trataba de “devoluciones”, sino de “subsidios” (de carácter indemnizatorio por la carencia de derecho a un beneficio de pago continuo), reconocidos para el caso de extinguirse la relación jurídica de empleo por causas ajenas a la voluntad o a la conducta del afiliado. La cantidad en que estos subsidios se traducían no constituía razón suficiente para suponer que se trataba de la devolución de fondos de propiedad individual.”.

   D., en “Devolución de aportes y beneficios jubilatorios” Rev. Derecho del Trabajo, 1951, pág 209, en igual sentido destacó que “los aportes abonados a las distintas Cajas Jubilatorias se convierten en propiedad de estas últimas. No constituyen, pues, una forma de depósito propiamente dicho, que es posible únicamente en el caso de bienes no fungibles; ni tampoco un depósito irregular, como ocurre en el caso de las sumas que se depositan en un Banco o una Caja de ahorro.”.

   Por su parte, la C.S.J.N., también se expidió en similar dirección al expresar que “Los aportes efectuados por un afiliado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles no son de propiedad de aquél, sino que constituyen el fondo de la Caja destinado al cumplimiento de los fines para los que ha sido creada.” (Fallos: 183:457; en igual sentido ver Fallos: 187:276; 198:149; 193:110; 205:147; 270:221). No resulta ocioso destacar que tal postura ha sido reiterada por el Dr. F. en el precedente “A., R. c/ Siembra AFJP”, fallado el 3 de marzo de 2009.

   Con posterioridad, la ley enunciada, luego de sucesivas modificaciones, fue finalmente derogada y reemplazada por la ley 18.037 que abandonó el método de financiación inspirado en la capitalización colectiva, previamente reemplazado por el reparto puro, incorporando el sistema de reparto sustentado en el principio de solidaridad de los trabajadores en beneficio de la Poder Judicial de la Nación clase pasiva, si bien incorporo otras fuentes de financiamiento, no dejó de considerar como su fuente principal, el aporte y la contribución obligatoria (art. 1°) cerrando de este modo la discusión inicialmente generada.

   A partir de la sanción de la ley 24.241 de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, una vez más se pone en tela de juicio la titularidad del aporte personal. En efecto, la norma citada comprende a los trabajadores en relación de dependencia y autónomos en un sistema mixto compuesto por un Régimen de Reparto, administrado por ANSeS y un Régimen de Capitalización, administrado por las AFJP.

   Vale aclarar que la diferencia fundamental entre ambos sistemas, estuvo dada por el sistema de financiación previsto, definido éste como el conjunto de métodos y fórmulas que establece el equilibrio entre los recursos esperados y los gastos de las prestaciones esperadas,

   constituyendo para ambos sistemas –capitalización y reparto- su fuente principal de ingresos, las cotizaciones sociales compuestas por los aportes y las contribuciones para el régimen público de reparto y los aportes personales de sus afiliados para el régimen privado de capitalización (en este sistema también se computan las imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos regladas por los arts. 54 y 56 de la ley 24.241)

   Por ello cabe afirmar que, sin perjuicio del sistema elegido por el afiliado y no obstante lo dispuesto por el art. 82 y concordantes de, la ley 24.241 tanto los aportes personales como las contribuciones patronales, constituyen contribuciones de la seguridad social pertenecientes a un fondo que tiene por objeto atender los beneficios determinados por la ley que, por otra parte, serán reconocidos al momento de reunirse los requisitos y condiciones de acceso de acuerdo a lo normado por el sistema vigente.

   Ello encuentra sustento en la naturaleza jurídica que detentan las cotizaciones sociales. Tal como lo afirma C.M.G.F. en su obra “Derecho Financiero”, Tomo II, 9° Edición, La Ley 2004, págs. 894 y siguientes, “si bien la doctrina no ha sido coincidente respecto a que categoría pertenecen los cierto es que no existe dudas de que son tributos, esto es, exacciones obligatorias fijadas por ley. Para Z. son tributos, sin profundizar este aspecto, pero refuta el concepto independiente de parafiscal; A.P. los denomina tributos especiales; V. –ArcheD., Persiana y G.I. los califican como impuesto especial y la del empleo de una tasa.”

   Aún cuando se sostenga que las cotizaciones sociales entran dentro del concepto de...