Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 27 de Septiembre de 2013, expediente 12449/2012

• Fecha de Resolución: 27 de Septiembre de 2013
• Emisor: Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2

Poder Judicial de la Nación Expte. N°:12449/2012

SENTENCIA INTERLOCUTORIA N 81737 JF. JUNIN SALA II

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos: “BELUSCI ANA MARIA C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARISIMOS”, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR L.R.H. DIJO:

Las constancias de autos revelan que la actora inició la presente acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1451/06 y la resolución 884/06 dictada por Anses, a fin que se le otorgue el beneficio (PBU, PC, PAP) en los términos de los art 8 y 9 de la ley 24476 modificada por el decreto 1454/05 y/o del art 6 de la ley 25994.

La sentencia de grado rechazó la demanda por considerar que la normativa impugnada no resulta lesiva de garantías constitucionales en tanto no impide obtener el beneficio peticionado sino que lo sujeta al cumplimiento de una determinada condición, señalando además que lo que pretende el actor es el acceso a un beneficio que no está totalmente imbuida del concepto contributivo, sin que se trata de una política asistencial que permite el otorgamiento de beneficios de la naturaleza de la seguridad social mediante el cumplimiento de un escaso número de requisitos entre los cuales no figura como condición “sine qua non” haber efectuado aportes al sistema de seguridad social.

La parte actora se agravia del resolutorio. Sostiene que la decisión del a quo viola sus derechos constitucionales haciendo cumplir una norma de rango inferior y negándole la posibilidad de percibir la prestación previsional dado que no cuenta con el dinero suficiente para pagar la totalidad de la moratoria, sufriendo una transgresión que no exige mayor amplitud de debate.

Previo a analizar al tema de fondo, debo referirme a la solicitud de declaración de incompetencia de “oficio” que sugiere la señora F. General en su dictamen de fs. 93. Considera –

la citada funcionaria – que este Tribunal debería declararse incompetente de “oficio” toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado en los autos “Mamone, R.F. c/ANSeS y otro s/Amparos”, la incompetencia funcional de esta Cámara para entender en cuestiones de seguridad social planteadas ante los juzgados federales del interior del país por una vía distinta a la prevista por el art. 15 de la ley 24.463.

Entiendo que la declaración “oficiosa” de incompetencia resulta a todas luces improcedente en esta instancia de alzada.

Como bien señala A.A.V., solo existen dos medios para atacar la incompetencia objetiva de los jueces: las “cuestiones de competencia” y la declaración “oficiosa”, las cuales, a su vez, pueden originar “conflicto de competencia” (negativos o positivos).

La primera de estas vías –cuestiones de competencia- solo puede ser esgrimida por la parte demandada a través de la vía “declinatoria” (“excepción de incompetencia”) o “ inhibitoria”

(demandada ante el juez que se considera “competente” y al que se solicita que asuma la causa y que reclame al juez que está conociendo de la misma, que se declara incompetente y cese su intervención,

remitiéndole los autos).

La segunda vía de impugnación –como se señalara- es la declaración “oficiosa” de incompetencia realizada por los jueces, la cual se haya reglada por el art. 4 del CPCCN que dispone:

Toda demanda deberá ser interpuesta ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultaré no ser de la competencia del juez ante quién se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio

.

¿Pueden las Cámaras declararse incompetente de “oficio” cuando la competencia de los jueces inferiores fue consentida por las partes o las cuestiones de competencia suscitadas en primera instancia fueron resueltas mediante resoluciones firmes y/o consentidas?

El art. 352 del C.P.C.C.N., dispone –al respecto- lo siguiente: “Una vez firme la resolución que desestima la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo. Tampoco podrá ser declarado de oficio.”

Empero, existe una sola excepción a esta categórica limitación legal que la norma contempla en su último párrafo, a saber: “Exceptuase la incompetencia de la justicia federal, que podrá

ser declarada por la Corte Suprema cuando interviene en instancia originaria, y por los jueces federales con asiento en las provincias (no por los jueces de Cámara), en cualquier estado del proceso.”

Si la claridad del precepto no fuera suficiente por sí sola para interpretar el sentido y el alcance de la excepción, el maestro Lino E. Palacio no deja dudas al respecto cuando señala: “La excepción se justifica en razón del carácter limitado que, como veremos, reviste la competencia federal, pero no alcanza a los órganos judiciales que tienen asignado ese tipo de competencia en la Capital de la República, por cuanto todos los jueces y tribunales que ejercen sus funciones en dicho distrito son nacionales en razón de su origen, y por lo tanto, no rige, con respecto a ellos, la limitación a que se encuentran sometidos los órganos federales del interior con respecto a la justicia provincial.”

(L.E.P., Derecho Procesal Civil, Ed. A.P., T.I., pág. 376).

De todo ello resulta con meridiana claridad que la norma en cuestión procura preservar a través de la excepción que establece en el segundo párrafo, la competencia de la justicia local frente a la federal, o viceversa, pero no la competencia “ratione materiae” entre órganos jurisdiccionales exclusivamente federales –como sucede en autos- o provinciales, en cuyo caso la declaración oficiosa o a petición de parte de incompetencia (mediante la vía declinatoria o inhibitoria) debe respetar a rajatabla el procedimiento y la oportunidad establecidos por la ley procesal en cada caso.

Como bien señala el doctor G.J.B.C.: “En virtud del carácter limitado,

privativo, excluyente e improrrogable de la jurisdicción federal, la incompetencia de sus tribunales puede y debe declararse de oficio (o sea, aun sin petición de parte), tanto por, el tribunal provincial si corresponde intervenir a uno federal y por el tribunal federal si corresponde intervenir a uno provincial.” (v. G.J.B.C., Manual de la Constitución Reformada, Ed. EDIAR, 1.997,

T.I., pág. 458).

En virtud de ello, entonces, no corresponde a la Cámara Federal de Seguridad Social –

sin apartarse de lo prescripto por el art....