V. Autotutela, protección y control

El actuar de la Administración debe tener en vista la protección y defensa de la legalidad administrativa y de los derechos subjetivos de los administrados y su armonización con el interés público. En tal sentido, la Administración goza de la prerrogativa de la ejecutoriedad, en este caso del acto administrativo, y el particular administrado de la garantía de la suspensión de la ejecución del acto administrativo.

1. Ejecutoriedad

No podemos negarle a la Administración la capacidad para obtener el cumplimiento de sus propios actos, sin necesidad de que el órgano judicial reconozca ese derecho y la habilite a ejecutarlos.

a. Concepto

La ejecutoriedad es un elemento inescindible del poder1. Es un carácter esencial de la actividad administrativa, que se manifiesta en algunas categorías o clases de actos y en otros no, dependiendo esto último del objeto y la finalidad del acto administrativo.

Es una facultad propia de la Administración, aunque no la ejerza con exclusividad y se apoya en el mandato constitucional2. La Administración la tiene otorgada por el ordenamiento jurídico de manera explícita o implícita; por lo tanto se le confiere los medios coercitivos para ejecutar por sí misma o hacer ejecutar por el administrado obligado o por terceros el acto administrativo.

Esta es la regla general. Por excepción la norma jurídica señala en qué casos se someterá el reconocimiento del derecho de la Administración y su posterior ejecución al órgano judicial3. En la continuidad y regularidad de los servicios públicos, en la ejecutabilidad de la policía administrativa y en la titularidad y plenitud del dominio público se impone la ejecutoriedad del acto administrativo. Así, la ejecutoriedad es un típico caso de "autotutela" propia de la función administrativa4, a la que el ordenamiento jurídico por ley, contrato o reglamento, le otorga tal carácter, dotándola de medios de coerción que habilitan la realización inmediata y unilateral de estos actos administrativos5.

La presunción de legitimidad avala la ejecutoriedad, pero a la vez la limita, dado que sólo son ejecutorios aquellos actos que la Administración puede ejecutar per se, dentro de la categoría genérica de actos regulares....

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