Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Auto nº 229 de Sala Civil y Comercial, 10 de Septiembre de 2008

• Fecha de Resolución: 10 de Septiembre de 2008
• Emisor: Sala Civil y Comercial

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El recurso de casación interpuesto por la tercerista –mediante apoderado- en autos "TERCERIA DE MEJOR DERECHO DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA EN: GABELLIERI FRANCISCO c/ AURELIO MENA-EJECUCIÓN HIPOTECARIA - RECURSO DE CASACION (Expte. T-09-04)", con fundamento en el inc. 3° del art. 383 del C. de P.C., en contra del Auto Interlocutorio N° 132 de fecha 12 de mayo de 2003, dictado por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad.

Corrido el traslado pertinente a los demandados, el pretensor del juicio principal lo evacuó a fs. 81/5, mientras que el accionado del principal dejó vencer el plazo sin cumplir ningún acto de alegación. La impugnación fue concedida por el tribunal de grado (Auto Interlocutorio N° 167, del 29 de abril de 2004). Radicado el expediente en esta sede extraordinaria, dictado y firme el decreto que llama los autos a estudio, queda el recurso en condiciones de ser resuelto.-

Y CONSIDERANDO:-

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

1. Mediante el auto interlocutorio referido en el exordio y en sede de apelación, el Tribunal de alzada decidió rechazar la tercería de mejor derecho instaurada por la Municipalidad de Córdoba pretendiendo percibir los créditos tributarios que invoca con preferencia frente al crédito hipotecario cuya actuación compulsiva se persigue en el juicio ejecutivo principal.-

   La Municipalidad perdidosa deduce recurso de casación en contra del pronunciamiento. En concepto de fundamento de hecho denuncia que el mismo se basa en una errónea interpretación de la normas del ordenamiento jurídico concernientes a la clase de privilegio que revisten los impuestos y al rango que ellos ocupan ante el derecho de hipoteca. A título de fundamento de derecho de la impugnación invoca el inc. 3° del art. 383 del C. de PC., y a fin de demostrar la diversidad jurisprudencial existente al respecto y de habilitar así la competencia extraordinaria que inviste el Tribunal Superior de Justicia alega dos decisorios emanados de esta Sala (Sentencia N° 119, del 22 de octubre de 1999, in re "Municipalidad de Brinkmann-Tercería de mejor derecho en autos Banco de la Provincia de Córdoba c/ Fabrica de Calzados El Angel SCC. y otros-PVE. (hoy demanda ejecutiva)"; Sentencia Nº 121, del 27 de Octubre de 1999, in re "Banco de la Provincia de Córdoba c/ A.D. Gaido-Ejecutivo-Tercería de mejor der. interpuesta por la Mun. De la ciudad de Morteros-Recurso de Casación"), así como una sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación (Sentencia Nº 112, del 14 de agosto de 2002, in re “Tercería de mejor derecho de la Municipalidad de C. en autos Orígenes Vivienda SA. c/ S.H.R. y o. - Ejecución Hipotecaria”); providencias en las cuales se habría sentado sobre el particular la exégesis de la ley que ella propugna.

2. El recurso es formalmente admisible, pero sólo en cuanto se apoya en la sentencia emanada de la Cámara 3º Civil y Comercial.-

   Los precedentes de este Alto Cuerpo no son eficaces para provocar la apertura de la competencia extraordinaria porque atañen a una situación de hecho diferente de la que se ventila en el presente juicio, y por eso no puede sostenerse que el temperamento que allí se sienta sea realmente distinto del criterio adoptado en el fallo que se impugna. En efecto, los antecedentes de la Sala versaron específicamente sobre la concurrencia de los créditos tributarios frente a los acreedores quirografarios o comunes en el marco de ejecuciones particulares promovidas por éstos sobre un bien del patrimonio del deudor común, a propósito de lo cual se debió dilucidar cuál era la especie de privilegio –general o especial- que debía reconocerse a aquellos. Pero de ninguna manera estaba involucrado en el conflicto un acreedor hipotecario que pretendiese actuar su crédito sobre el bien que fue objeto de subasta, como en cambio sí ocurre en el sublite, donde la colisión de créditos puesta a conocimiento de los jueces se verifica sí entre una acreencia garantizada por hipoteca e impuestos adeudados a la Municipalidad de Córdoba, respecto de lo cual debe establecerse el rango que ocupan los privilegios correspondientes a esas categorías de obligaciones.-

   Como se anticipó la impugnación casatoria resulta formalmente admisible en cuanto se basa en el fallo de la Cámara de 3º Nominación.

   Frente a una situación de hecho semejante, en los pronunciamientos que se confrontan se les atribuye a la misma diferentes significados jurídicos y se adoptan decisiones antagónicas, por lo que se configura una real divergencia jurisprudencial que impone la intervención de la Sala a fin de uniformar criterios y establecer la exacta interpretación de las normas legales implicadas (CPC, art. 383, inc. 3º). Efectivamente, por un lado y desde el punto de vista fáctico ambos fallos versan coincidentemente sobre la concurrencia que se opera entre un crédito tributario y una acreencia dotada de hipoteca en el ámbito de la ejecución individual que se promueve para hacer efectiva esta última. Por otro lado y en el plano jurídico, la a quo entendió que la hipoteca prevalece y se impone sobre las obligaciones impositivas, al tiempo que la Cámara de 3º Nominación consideró al contrario que los tributos gozan de mayor rango que el crédito hipotecario al cual desplazan, cobrando en consecuencia con preferencia sobre el producto de la subasta.

3. En orden a los fundamentos del recurso, se adelanta que los mismos no son conformes a Derecho en virtud de los argumentos que se expresan a continuación.-

   En mi opinión el privilegio que accede a las obligaciones tributarias es siempre de carácter general, cualesquiera que sean las características de ellas y por más que –como la que se hace valer en el caso- graviten sobre un bien particular del contribuyente, de donde a su vez se deduce que únicamente pueden hacerse valer con motivo de la insolvencia del deudor y en el marco de los juicios universales de concurso, no pudiéndoselos ejercitar en las ejecuciones individuales que sobre la cosa afectada promuevan otros acreedores.

   En una disidencia de un reciente pronunciamiento de la Sala, en la que me hice eco de sentencias que contribuí a dictar como integrante de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Quinta Nominación, expresé este criterio sobre la cuestión, al tiempo que manifesté los argumentos que concurrían a justificarlo (Auto Interlocutorio Nº 173, del 8 de agosto de 2007, in re “Tercería de mejor derecho de la Municipalidad de C. en: Banco de la Provincia de Cba. C/ J.O.C. y ot.-Ejecutivo-Recurso de Casación”).

   La dilucidación del conflicto entre los privilegios fiscales y el crédito hipotecario, no ha sido de fácil solución para la doctrina y la jurisprudencia, y en manera alguna se puede decir que el tema se encuentre suficiéntemente solucionado. A dicho respecto una lograda nota a fallo de G.B. (cfr. Los impuestos locales y el orden de los privilegios, ED. 113-547) resulta altamente significativa de dicha afirmación, cerrando el prestigioso jurista el artículo diciendo "Pero es necesario agregar que las conclusiones a que se arriba en este trabajo están sujetas a grandes vacilaciones y a pronunciamientos encontrados en nuestra jurisprudencia...”.

   Los privilegios, que reposan en un claro concepto equitativo del sistema de derecho privado en algunos casos, o en razones de interés público u otras en que del trabajo de uno de los acreedores se han beneficiado los restantes; pues ello lleva a determinar que existen preferencias para el cobro de un acreedor sobre otro o algunos otros. Se tratan los privilegios de calidades de ciertos créditos, que les atribuyen determinada prelación de cobro sobre los bienes del deudor en general, o sobre algún...